Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), ha logrado en lo que va del año la firma de mil 727 acuerdos reparatorios a través de los cuales se han beneficiado a 3 mil 857 personas, de 9 mil 954 que han sido atendidas.
Como parte de estas acciones encaminadas a acercar a la ciudadanía, alternativas de accesos a la justicia en delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, se ha logrado la recuperación de 18 millones 946 mil 751 pesos, como monto por pago por reparación del daño.
Al respecto, la titular del CMASC, Marisol Moreno Álvarez señaló que cada uno estos acuerdos han sido debidamente validados bajo los principios que rigen los mecanismos alternativos, que son la honestidad, imparcialidad, voluntariedad, confidencialidad, equidad y neutralidad.
De esta forma, reiteró, que la institución garantiza y refrenda su compromiso, de brindar certeza de acceso a la justicia a la ciudadanía al momento de presentar sus denuncias, tal como lo ha instruido el Fiscal General, Adrián López Solís, y como ha sido establecido en los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos.
En atención a la contingencia sanitaria COVID-19, la institución recuerda a la ciudadanía que necesite presentar una denuncia, que puede realizar dicho trámite a través del portal oficial de la FGE, en www.fiscaliamichoacan.gob.mx/denuncia; posteriormente hacer clic en el botón Presentar un Denuncia en Línea; llenar el formato de Denuncia y seguir los pasos que ahí se indican; una vez presentada la denuncia, un Ministerio Público Orientador Digital se comunicará para dar seguimiento al tema.
En caso de que la ciudadanía decida acudir a presentar denuncia de manera personal, se exhorta a seguir las recomendaciones para la prevención de contagios, como acudir solamente la persona interesada, mantener distanciamiento social, usar gel antibacterial, y evitar el saludo de beso, mano o abrazo; asimismo hace de conocimiento que el personal de la institución está obligado a recibir la denuncia correspondiente.
