DEL 29-10-18
HONRADEZ DE LA CONSULTA, EN DUDA
Después de ver un video que se hizo viral en las redes sociales, en donde en una mesa receptora de votos de la consulta popular, para decidir si se continua con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se construye en el vaso del lago de Texcoco o bien, se suspende su construcción y se construyen dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, una de las funcionarias de dicha mesa receptora, se ve marcando muchas boletas.
Tampoco puedo caer en el error de juzgar a priori qué está haciendo la chica que marca las boletas, “suponemos”, este escribidor incluido, que está marcando boletas a favor del no a Texcoco, empero, también un buen abogado defensor puede argumentar que lo que está haciendo la funcionaria de la mesa receptora, es ¡anular! Las boletas que sobraron, ante una evidente baja asistencia de votantes.
Usted estimado lector, tiene la última palabra y tendrá la sabiduría para juzgar lo que se ve en dicho video, sin embargo, esté anulando boletas o votando por los ciudadanos que no asistieron a la consulta, lo cierto es que la organización del evento consultivo, tiene muchísimas deficiencias y en mi opinión, sería muy grave que el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tomara en consideración tal consulta, para tomar una decisión.
¿REALMENTE HAY DIVISIÓN DE PODERES?
Uno de los temas más ricos en el derecho constitucional, es la división de los poderes públicos y el contrapeso que deben de ejercer entre ellos, para los equilibrios políticos nacionales. En su teoría de la separación de los poderes del Estado, Montesquieu sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social.
El estudio de Montesquieu dedicado a la separación de poderes se inicia con el planteamiento de un problema fundamental para la realización de la libertad: “En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes.
LEGISLATIVO Y JUDICIAL, APP DEL EJECUTIVO
El primer indicio legal de que la independencia de los poderes entre si no es tal, lo es que tanto el poder legislativo como el judicial, están contemplados como una unidad programática presupuestaria del poder ejecutivo, es decir, en una cuestión tan fundamental como lo es el
presupuesto de dichos poderes, es el poder ejecutivo el que se los administra, menguando con ello, la teórica independencia.
¿Cuantas veces nos hemos enterado que los trabajadores y empleados del poder judicial en Michoacán, han iniciado huelgas de “brazos caídos”, en protesta por que no se les paga sus sueldos y salarios a tiempo?
¿Cuántas veces hemos escuchado o nos hemos enterado de que el congreso del estado está en la misma situación de no pagar a tiempo los salarios y no solo eso, sino las dietas de los mismísimos diputados?, con el lamento de que “La secretaría de finanzas y administración del estado no nos ha depositado”
LAS REFORMAS DE MORENA VS PODER JUDICIAL
No es ya, nada nuevo, la alarma que está cundiendo al interior del poder judicial federal, en virtud de las anunciadas reformas a ese poder público, que están maquinando los diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA- que son mayoría, tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, reformas que entre otras cosas, pretende abolir la inamovilidad de jueces y magistrados, modificar a la baja los salarios de los juzgadores, así como las formas de su selección y nombramiento.
Es evidente, en opinión del que esto escribe, que tales reformas no solo tienen por objeto lo señalado, sino que se trata de socavar y someter a dicho poder público y en consecuencia, acabar con su independencia y autonomía, pues es claro que el poder legislativo obedece a las órdenes del jefe del poder ejecutivo y así las cosas, tal sumisión de los legisladores, tiene por objeto, también someter al poder judicial.
SE DEFENDERÁN EN INSTANCIAS INTERNACIONALES
México no es por supuesto, el primer país en el mundo, en el que un jefe del poder ejecutivo, somete al poder judicial utilizando al poder legislativo, propiciando con ello, que el judicial, se transforme en un poder público al servicio del poder ejecutivo y en un esfuerzo por detener lo que los juzgadores consideran como un atentado, se están preparando para acudir a instancias internacionales a defenderse.
Se trata del Instituto Interamericano de responsabilidad Social y Derechos Humanos, El IIRESODH es una organización que trabaja con enfoque internacional el tema de responsabilidad social y derechos humanos identificando las herramientas necesarias para promocionar y difundir la cultura jurídica de los derechos humanos y hacer valer estos derechos en el marco del Estado de Derecho y del cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Ese trabajo lo ha llevado a estudiar tendencias preocupantes en las distintas regiones del mundo donde se observan amenazas a la institucionalidad democrática, principalmente a los Poderes Judiciales donde gobiernos autoritarios los consideran un “obstáculo” para los fines propios de la
concentración del poder mediante la cooptación de las principales instituciones autónomas y tener libertad para ejecutar decisiones sin frenos ni contrapesos.
El IIRESODH señala en su último comunicado internacional, lo siguiente: “Hemos visto con preocupación que en Europa –cuna del más eficiente multilateralismo regional sustentado sobre los pilares de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos hay una regresión en algunos países que han debilitado esas bases; en especial Hungría y Polonia, los cuales han sido sancionados fuertemente por parte de órganos de la Unión Europea por desatender esas obligaciones de respeto y garantía democrática.
Desde el ámbito regional americano se ha hecho notar que actualmente existe en México una preocupación similar por la situación del Poder Judicial; especialmente por hechos ocurridos en el último mes, a partir de iniciativas de reformas legales que, en apariencia parecen justificarse en nobles intereses de bien común, pero en realidad podrían terminar socavando los cimientos del Poder Judicial, que es el único Poder que no hace parte de la concentración de poder que se evidencia con la entrada del Gobierno entrante.
Ello no sería un problema si no fuera porque las reformas de leyes avanzadas se han tomado con ausencia de un debate jurídico profundo –como correspondería para cualquier tema que tenga que ver con el gobierno judicial-, y se ha utilizado para ello un discurso claramente populista para minar la imagen del Poder Judicial en su conjunto pero, sobre todo, su independencia y autonomía por medio de amenazas de desestabilización de la carrera judicial y estabilidad laboral so pretexto de situaciones de nepotismo que si bien existen, no son generalizadas ni pueden resolverse con las medidas propuestas (rotación de adscripción) y reducción de salarios a contrapelo de la misma Constitución.
Otra medida propuesta (evaluaciones periódicas de jueces y magistrados), si bien tiene una motivación válida, recurre al uso de herramientas claramente cuestionables como la utilización del “polígrafo”, un instrumento que es más representativo de un Estado Policial y controlador, que de un gobierno respetuoso del Estado de Derecho. También se pretende modificar mediante iniciativa de ley el sistema de designación y adscripción mediante métodos poco confiables como la “habilitación.”
En suma, los integrantes del poder judicial no se quedarán callados ni inmóviles, ante lo que consideran es un agravio a su independencia y autonomía, de manera que en pocos días, de consolidarse las reformas constitucionales anunciadas por MORENA y sus diputados, veremos en el máximo tribunal del país, discutir y analizar la constitucionalidad de tales reformas, de manera que en el horizonte, se vislumbra un severo encontronazo entre los poderes públicos de México.
