Por: José Cruz Delgado
¿También habrá apagones para combatir el robo de energía eléctrica?
AMLO debe también combatir el agiotismo
Famsa, Elektra, Provident y muchas más roban a los más pobres
En entregas anteriores comentamos que otras dependencias federales podrían seguir el mismo camino que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra el robo de combustible que ha dejado graves daños colaterales y pérdidas económicas multimillonarias a la economía en los estados afectados por el desabasto de combustible.
Pues resulta que la Comisión Federal de Electricidad a cargo de Manuel Bartlett Díaz, ahora siguiendo el ejemplo de su jefe ya recibió órdenes para emprender otra lucha, ahora contra el robo de energía eléctrica porque según se dijo se pretende revertir pérdidas que oscilan entre los 26 mil millones de pesos.
Y es que Luis Bravo Navarro, director general de la Coordinación de Comunicación Corporativa dio a conocer que se combatirá a los usuarios, negocios y empresas que instalan diablitos y diablotes para robarse la luz.
Pero será hasta abril próximo cuando al parecer se den los resultados de una supuesta auditoría que la CFE ordenó para conocer el tamaño real del problema y combatirlo.
Se dijo que al cierre de junio de 2018, la dependencia reportó pérdidas anuales por 50 mil 993 millones de pesos”; equivalentes a 11.6% de la energía recibida y de dicha cifra, 25 mil 700 millones corresponden a las pérdidas no técnicas o robo de electricidad; a través de los llamados diablitos y diablotes que instalan los usuarios y las empresas para conectarse de forma ilegal a los sistemas de distribución de energía.
Ojalá que no se le vaya ocurrir a López Obrador que también haya apagones en todo el país para combatir el robo de energía eléctrica. A lo mejor también se le ocurre cerrar los antros para evitar que haya accidentes a causa del alcohol o clausurar las instituciones bancarias para evitar los asaltos.
¿No cree usted?
Hay otros temas que no ha tocado el presidente López Obrador que es el del agiotismo en el país y que está causando muchos problemas a familias de escasos recursos por los altos intereses que cobran al grado de perder sus bienes patrimoniales, incluso se han registrado de suicidios y de ello es cómplice la Profeco.
Seguramente ni lo tocará porque están involucradas empresas muy grandes como Famsa, Elekta, etc y es seguro que a ellas no las tocará por razones económicas.
Agiotista es la persona que se dedica al agiotaje. Esta palabra viene del italiano aggio que significa “añadido o adicionado” y se refiere a quienes cobran intereses excesivos sobre los créditos otorgados.
La usura también afecta a los hombres del campo que recurren a casas prestamistas y de ello también son cómplices los diputados, Procuraduría de Justicia y Profeco, La usura en el país se ha convertido una práctica muy común en nuestros días y Michoacán no es la excepción, cientos de casas de empeño y préstamos se ven en cada esquina no solo de la capital michoacana, sino en las principales ciudades, incluso, ya existen en los municipios más pequeños.
Ofrecen dinero sin aval a tasas preferenciales a gente de escasos recursos económicos, no solo de la ciudad, la usura ha llegado hasta los hombres del campo, aquellos que no cuentan con créditos de instituciones encargadas de darles apoyo, sin semilla y sin recursos, caen en las garras de los usureros, deudas que no pueden pagar, en caso de llegar a tener un retraso porque les cobran interés sobre interés y sí quieren pagar el crédito de tajo, los agiotistas les dicen que no, que deben pagar como está estipulado en el contrato, o sea que no les conviene porque ganan menos. Provident, Finca, Elektra, Famsa, sólo por mencionar algunas, son las que lucran con la necesidad de las personas más necesitadas.
La práctica de la usura ha sido recurrente en nuestro país y en el estado de Michoacán, generalmente entre los grupos más vulnerables económicamente de la población. Así, en casos de una urgencia tales como: enfermedad de algún familiar, pagar la renta de la casa, pagar la hipoteca atrasada, pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, pagar colegiaturas de los niños, realizar festividades importantes para los hijos, tomar unas vacaciones, comprar los útiles escolares, pagar las tarjetas de crédito, realizar algún evento que fortalezca la unidad de la familia, conseguir el enganche para el auto familiar, pagar el enganche de la casa, para el día de Reyes, los festejos decembrinos, los XV años de la hija mayor, cooperar para la boda de los hijos, un préstamo para pagar otro préstamo, comprar equipo de trabajo, la graduación en la escuela de los hijos, gastos de hospitalización por el nacimiento de un bebé, emprender un negocio, amueblar la casa, comprar las computadoras, cuando se queda sin trabajo el papá, terminar de construir la casa, pago de daños por accidente automovilístico, realizar un viaje imprevisto, pago de nómina de los empleados; los michoacanos se ven impedidos a solicitar préstamos y a comprometerse en contratos que, en la mayoría de las ocasiones no leen o que leyéndolos no comprenden el significado o alcance de las cláusulas redactadas en términos favorables a los agiotistas.
De esta forma se ligan a compromisos casi imposibles de cumplir y que terminan enriqueciendo más y más a los prestamistas por los intereses que se generan y de cuyo pago resulta una desproporción perjudicial a gran escala para el más necesitado.
La usura se ha convertido en un asunto de interés colectivo por el número de víctimas que se encuentran involucradas en sus redes. Las estadísticas reportan que en los Juzgados Civiles que funcionan en Morelia se presentan miles de controversias judiciales anualmente en cada uno de ellos, y el 70% de los conflictos se refieren a juicios Ejecutivos Mercantiles, cuya principal característica es el embargo de bienes propiedad de personas que no pudieron pagar los altos intereses que superan al 10% mensual establecido en sentencias de remate firmadas por los juzgadores michoacanos.
Es el momento de que los diputados salgan en defensa del pueblo de Michoacán y actualicen el tipo penal de usura para abatir su recurrencia y facilitarle al Ministerio Público su investigación y persecución hasta lograr una pronta y expedita impartición de justicia. Los legisladores deben tomar conciencia de que la usura es un mal que afecta a los más necesitados.
Hay casos documentados en que los que recurrieron a préstamos, perdieron su casa y algunos recurrieron al suicidio. Los abogados de las casas agiotistas intimidan y amenazan a sus deudores con meterlos a la cárcel y embargarles sus propiedades si en un término de 24 horas no liquidan la deuda. Lamentablemente, ninguna autoridad ha hecho hasta ahora nada para proteger a quienes recurren a estas casas usureras por necesidad. La Procuraduría Federal del Consumidor sigue siendo un cero a la izquierda, al menos en Michoacán.
La Guardia Nacional tiene que respetar la soberanía de todas las entidades federativas y sus competencias, toda vez que esta figura debe combatir delitos del orden federal y los estados aquellos que son del fuero común.
Cambiando el tema, los diputados panistas de Michoacán dicen estar consciente de la necesidad de un plan eficaz para combatir la inseguridad, pero las Fuerzas Armadas del país no están capacitadas, por el ámbito de sus funciones centrales, para las acciones que pretende realizar la Guardia Nacional y consideran que la fórmula para combatir la inseguridad debe basarse en tener mejores policías, ministerios públicos capacitados, un sistema de justicia efectiva y una mejor inversión de recursos públicos.
Por lo anterior exigen que el gobierno Federal defina con claridad el financiamiento con el que operará la Guardia Nacional, para evitar que ésta se vaya a convertir en una carga para los estados y municipios.
Los del PRD no se quedaron atrás y señalan que en México se debe priorizar el combate a la inseguridad con acciones efectivas y no con experimentos, y en el caso de la Guardia Nacional es necesaria la coordinación entre la federación estados y municipios, para garantizar resultados efectivos, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Humberto González Villagómez.
Si bien, el proyecto de la Guardia Nacional representa una nueva corporación para combatir la violencia e inseguridad, y en la misma se establece una dirección civil con organización militar, la misma que podría dar resultados si existe coordinación, ya que “no se puede tratar a todas las entidades o municipios por igual; los problemas de cada región son distintos y requieren de estrategias integrales y específicas en cada zona”.
La seguridad en nuestro país no puede estar sujeta a decisiones improvisadas y menos a mutaciones constantes en las políticas que se instrumentan para garantizarla, aseguró el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado.
