Por Daniel Ambriz Mendoza
Cuando la agenda de un tema educativo y sindical se convierte en política, lo que menos importa es resolver el problema inicial que haya motivado un movimiento, una agenda política tratará siempre de resolver el tema que la motiva, que haya agendas de este tipo no tiene nada de extraordinario, lo que pesa en los resultados es que se inicie de un modo y se termine de otro, lo complicado es haber comenzado con una problemática educativa que todos deseamos resolver y que de pronto se le dé el viraje hacia otras intenciones.
La división magisterial que existe en el estado de Michoacán ha causado estragos a lo largo del tiempo, mientras existan dos o más visiones de la forma de resolver un problema común nos empantanaremos en la solución inmovilizados por nuestras propias visiones y enredados en nuestra propia hebra, mientras, el gobierno en todos los niveles le atiza a la hoguera acentuando más la división magisterial porque sabe que así tendrá el control para la gobernabilidad en el sector educativo. Todo gobierno sin importar el color siempre verá para los fines de quienes gobiernan, el gobierno no regala nada, todas sus acciones están fríamente calculadas y tienen la finalidad de conservar el status quo del grupo en el poder político.
El problema que padecen los trabajadores de la educación con clave estatal merece toda la atención y todo el respeto, debe resolverse en unidad y agotando los pasos que la ley nos proporciona utilizando la capacidad de gestión y el nivel de interlocución del magisterio organizado. ¿Qué es injusto lo que ha pasado?, ¡claro que sí!, es evidente que se ha violado la ley por parte del gobierno-patrón, pero una violación a la ley no se resuelve violando otras leyes delinquiendo, y mucho menos, violentando los derechos de los niños a recibir educación, como tampoco, el derecho que tienen los demás a transitar libremente. Una violación a la ley por parte del gobierno se resuelve con una demanda ante los órganos competentes. Vivimos en una democracia donde debe imperar el estado de derecho, no podemos vivir en el desorden donde cada quien pueda hacer lo que le dé la gana.
Hay una ruta legal que ha sido trazada para resolver el problema de los trabajadores de la educación con clave estatal que se ha visto empañada por la persecución de intereses político-electorales, a tres años de que termine el presente sexenio se disputa ya el Solio de Ocampo y se hace de la peor manera, utilizando un sector de la sociedad que tiene una noble función: impartir educación a los niños y jóvenes de las escuelas públicas de la entidad.
Hay que resaltar que la absoluta mayoría del magisterio michoacano ha permanecido en sus aulas de clase sin involucrarse en este movimiento político electoral, sabe que hay una ruta jurídica y un canal de negociación que permitirán resolver de fondo el problema, vieron a tiempo las negras intenciones de quienes levantaron la bandera como anzuelo para tratar de resolver compromisos personales, conservar privilegios económicos y sellar compromisos electorales.
El tache de la semana se lo llevó el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública al venir a Michoacán a desgastar la investidura, entregarse en charola de plata, violentar la autonomía del estado, la Constitución Mexicana y sus leyes secundarias al recibir y comprometer la solución de un pliego de demandas presentado por un grupo del magisterio estatal que no cuenta con la personalidad jurídica para representar a los trabajadores de la educación, pero que, además, dicho acto va en contra de las leyes educativas vigentes. Vaya que un acomedido nunca queda bien, se extralimitó en sus funciones y desvirtuó la comisión que le otorgaron enredando más la madeja en la que está envuelto el problema.
La ruta jurídica es larga pero efectiva, la negociación y el nivel de interlocución terminan por vencer con la fuerza de la razón y el peso de los argumentos sobre la mesa, el problema de los trabajadores de la educación con clave estatal es el eje sobre el que se debe girar, no hay que desviar la trayectoria, no se debe utilizar su necesidad para llegar a otros fines. El problema del pago de adeudos y seguridad salarial que requieren los trabajadores de la educación con clave estatal en Michoacán debe ser la prioridad en la agenda local. El problema no es político electoral… es educativo.
