Morelia Mich a 26 de febrero de 2019.-Debido a que el juez de control que conoció de la causa encontró irregularidades en la detención de los cuatro pistoleros detenidos que participaron en la balacera del pasado 21 de febrero en el municipio de Buenavista, resultado de lo cual murieron ocho presuntos delincuentes y un militar, el juzgador declaróilegales tales detenciones, y será en los próximos días que se detiene la situación jurídica de los imputados.

Al respecto de lo anterior se informó que este lunes tuvo verificativo la audiencia de control de detención dentro de la causa penal 131/2019, en donde el juez calificó e ilegal la detención, en virtud los siguientes razonamientos:

Dilación injustificada de cuatro horas y media en el procedimiento del lugar de los hechos.

Demora en la puesta a disposición de los cuatro detenidos, ante la Fiscalia General de la República, ya que se tardaron 6 horas para hacerlo.

No se encuentran justificadas las lesiones que presentan los detenidos, ya que en el IPH los primeros no refirieron cómo ni cuándo se las produjeron, y que de la narrativa de hechos en el IPH no se puede advertir cómo fueron producidas.

Dos de los civiles encontrados muertos en el lugar de los hechos fallecieron por causas diferentes al enfrentamiento en sí, uno de ellos por arma blanca y el otro por un golpe policontundido en la cabeza.

Violacion a los derechos humanos de los detenidos, pues los primeros respondientes no les dieron atención médica de manera inmediata, ya que si bien de las constancias se desprende que a los elementos militares y de policía los trasladaron de manera inmediata al hospital, no así a los imputados, quienes fueron atendidos hasta que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, siendo un acto de discriminacion en la atención y derecho a la salud de los imputados.

Es importante resaltar que en su declaración judicial el detenido Uriel Gerardo A. C. manifestó que su tío, otro de los que atacaron a militares y policías, murió a causa de los golpes mientras era torturado en el lugar de los hechos por los militares.

El juez de control dio vista contra los primeros respondientes militares y policías por el delito de tortura, ordenando a la Fiscalía que en un término de 10 días informe respecto a la carpeta de investigación que se llegara a iniciar con motivo de la misma.

Con base en lo anterior será en los próximos días que se determine la situación jurídica de los imputados.