Por Daniel Ambriz Mendoza
Desde el pasado 26 de noviembre del 2018, cuando fue puesta sobre la mesa la propuesta de federalizar la nómina por par parte del Gobernador de Michoacán ante el gobierno federal, se abrió una ventana de oportunidad para que los trabajadores de la educación con clave de sostenimiento estatal resolvieran de manera definitiva el problema de pago que han venido arrastrando desde años atrás debido al desequilibrio financiero que le ocasionó al estado la creación de más de 15 mil plazas sin soporte económico en el presupuesto educativo de la entidad. Recordemos que las plazas estatales aumentaron hasta rebasar la cifra de las 30 mil. El problema comenzó a gestarse aproximadamente 15 años atrás y la bola de nieve comenzó a crecer hasta hacer insostenible el pago de los trabajadores de la educación por la insuficiencia económica del gobierno, en los últimos años se arrastra un pasivo en el sector educativo de aproximadamente 5 mil millones de pesos cada año.
El problema comenzó con el adeudo de bonos y prestaciones y se agudizó con la dificultad para pagar salarios, en diciembre del 2018 y en enero del 2019 se pagaron las quincenas con varios días de retraso, violando el derecho que tiene el trabajador de cobrar puntualmente su salario perjudicando con esto seriamente la economía y la estabilidad económica de las familias de los trabajadores estatales. Para salir del paso y a raíz de la presión existente, el gobierno federal adelantó participaciones presupuestales al gobierno del estado por la cantidad de más de mil millones de pesos, pero el “mejoralito” administrado no resolvía el problema de raíz, era cosa de tiempo para que la crisis volviera a manifestarse, por declaraciones del Secretario de educación en el estado nos enteramos que los fondos presupuestales del gobierno alcanzaban para cubrir la nómina de los trabajadores estatales solo hasta el mes de junio del presente año.
Cabe aclarar que el gobierno federal siempre mantuvo una disposición abierta para resolver el problema de pago de los trabajadores de la educación de Michoacán, los funcionarios federales han sido sensibles ante la petición que hizo el gobernador del estado y también, en determinado momento, por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, quien se ha sumado a la gestión para la solución de fondo de este grave problema.
El pasado fin de semana, en la gira de trabajo que realizó por Michoacán, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República anunció que se federalizaría la nómina de los trabajadores de la educación con clave estatal, esto implica que el gobierno federal se haga cargo de pagar sueldos, bonos y prestaciones; la seguridad social seguirá a cargo de la Dirección de Pensiones Civiles de la entidad, lo que implica que los trabajadores no verán afectada su antigüedad en el servicio y podrán jubilarse en tiempo y forma el día que cumplan con los requisitos legales y deseen disfrutar de este derecho.
Pero la federalización de la nómina traerá consigo el levantamiento de un censo para saber el monto del salario, bonos, prestaciones, la clave, la función y la ubicación de cada trabajador, esto permitirá mayor transparencia en el proceso y obligará al estado a ordenar el sector educativo. Cabe recordar que ya se lleva a cabo una auditoría que ha detectado problemas de ubicación respecto a la categoría que se ostenta con la función que se desempeña de varios trabajadores, circunstancia que comienza a regularizarse y que ayudará mucho en la realización del anunciado censo.
La solución al problema de pago de los trabajadores de la educación con clave estatal es una necesidad que no puede prorrogarse más tiempo, ahora sí que, “tope donde tope” debe resolverse por la estabilidad laboral y hasta emocional de quien cada quincena corre el riesgo de no cobrar a tiempo sus salarios y de quedar siempre pendiente el pago de sus bonos y de sus prestaciones de ley.
Ya fue declarado por la autoridad educativa local que, para el mes de junio quedaría finiquitada dicha federalización de nómina y con ello quedaría resuelto el problema de fondo que se ha venido buscando desde hace tiempo por parte del gobierno federal, del gobierno del estado y del SNTE. La vigilancia del proceso de federalización debe ser puntual y permanente por parte de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del SNTE, para cuidar que no se viole ningún derecho laboral a consecuencia de fallas humanas u omisiones que pudieran cometerse durante su desarrollo.
