Morelia, Michoacán, a 22 de abril 2019. – A fin de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía, la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) recuerda a las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal que, a partir del primero de mayo, inicia el periodo para la presentación de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses.

Con ello, se fomenta la transparencia de las y los funcionarios públicos que laboran en el Gobierno del Estado, de quienes se hace una revisión de sus ingresos y egresos, con el objeto de verificar la evolución del patrimonio durante el tiempo que fungen como servidores públicos.

Así lo manifestó el titular de la Secoem, Francisco Huergo Maurín, quien precisó que los 11 mil trabajadores del Poder Ejecutivo, obligados a cumplir con este mandato constitucional, podrán obtener información en la materia a través del link https://bit.ly/2IQHwlk

Asimismo, podrán consultar dudas por medio de los enlaces institucionales y del personal de la Contraloría que brindarán informes sobre cómo hacer la declaración patrimonial por la plataforma DeclaraNetPlus.

Para cumplir con esta obligación, las y los servidores públicos tienen hasta el 31 de mayo como fecha límite para llenar el formato en la página electrónica www.declaranet.michoacan.gob.mx

Si no se hace, advirtió el titular del Órgano Estatal de Control, Huergo Maurín, se iniciará el procedimiento de responsabilidad administrativa por no cumplir el mandato, por lo que se actuará conforme a la Ley.

Cabe destacar que en el formato se deberá declarar la modificación que haya sufrido su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, en los que se proporcionará datos básicos, como cuánto percibe de salario el sujeto obligado y qué ha adquirido de bienes materiales, entre otros aspectos.

Con esta práctica, señaló el funcionario estatal, se transparenta el ejercicio correcto de la función pública y, en consecuencia, se da certeza a la ciudadanía de que la evolución patrimonial va de acuerdo a la percepción y/o retribución del servidor público.