Morelia michoacán a 05 de mayo de 2019.- Ha sido presentado, por parte de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND). El documento es una obligación legal que debe ser atendida por cualquier administración y aún y cuando esto justifica el esfuerzo de su elaboración, es conveniente tener en cuenta algunas reflexiones que fortalezcan la necesidad de que este ejercicio sea tomado de forma seria y justipreciada.
Como lo señala la presentación del PND, el primer Plan Sexenal que se elaboró en la historia del país, fue al inicio de la administración del General Lázaro Cárdenas del Río. Las estructuras institucionales encargadas de la elaboración del texto, de su evaluación y de su control se fueron fortaleciendo y profesionalizando al paso de los años, y fue en el gobierno de Miguel de la Madrid, en donde la conducción de la planeación sufrió un fuerte viraje que marcó el inicio de los periodos neoliberales en los que se creía, de forma dogmática, que la única planeación posible era la desregulación y la reducción del papel del estado en la economía.
Durante la llamada sustitución de importaciones y en el período conocido como el desarrollo estabilizador, se fortaleció la idea de que el estado debía de ser el conductor de la economía, que existían áreas estratégicas de esta que no podían ser dejadas en manos del mercado o al libre juego de los intereses de los particulares. Por ello es que el estado mexicano poseía un poderoso tablero de control, a través de empresas estatales y de normas jurídicas, que le permitía inducir comportamientos económicos y sociales así como concertar con particulares acciones que se alinearan a la estrategia trazada en el Plan de Desarrollo.
En los noventa, conforme el estado privatizó sus empresas y renunció a diversos mecanismos de regulación, la planeación fue perdiendo su razón de ser y se redujo a la mera redacción de un texto que, aún y cuando para su elaboración hubieran sido convocados diversos actores sociales y económicos, servía en el mejor de los casos para justificar medidas preconcebidas de política pública.
Pero la planeación es más que la simple redacción de un documento que enuncie obras, acciones y políticas públicas. La planeación es un método de gobierno que sirve para dotar de legitimidad al mismo. No debe ser visto -y cometería un gravísimo error si así lo hace la Cuarta Transformación- como un dictado unidireccional de determinaciones gubernamentales hacia la población. La planeación como proceso permanente, debe incluir mecanismos de negociación y concertación que construyan un rumbo común entre ciudadanos y gobierno.
Otro valor importante de la planeación está en su carácter colectivo, en ser un instrumento de empoderamiento ciudadano que permite a este, ser un ente histórico y un actor protagonista del cambio social. Por ello es que un ejercicio planeación democrática debe incluir mecanismos que permitan a los ciudadanos ser parte de la construcción del Plan, de la ejecución del mismo y de su evaluación.
El PND es además un ejercicio de gran visión, un enorme trazo de grandes líneas, un plano arquitectónico de deseos y aspiraciones colectivas al que se tienen que alinear las acciones cotidianas, los presupuestos públicos y las leyes que normen la realización de ese sueño social. Por ello es que se equivocan quienes piden metas medibles y cuantificables en el PND, estás se imponen en los programas y en los presupuestos.
El cambio de régimen que está viviendo el país reclama alterar también las formas en las que hemos medido el progreso de nuestra sociedad, e incluir, otras aristas que nos ayuden a entender de mejor manera nuestro desarrollo, más allá del simple crecimiento económico.
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