Por Hugo Rangel Vargas
Carlos Urzúa ha renunciado a la Secretaría de Hacienda y a decir del presidente López Obrador, esto ocurrió debido a desencuentros conceptuales que quedaron manifiestos en la confección del Plan Nacional de Desarrollo. La formación del nuevo titular de la política fiscal del país, Arturo Herrera, tiene, a decir de algunos, una cercanía ideológica con la escuela keynesiana y al menos en sus primeras declaraciones, ha dejado en claro que tiene la encomienda de contribuir a cerrar las brechas que existen en el país en materia económica, manteniendo la sanidad de las finanzas públicas, fomentando la inversión y estimulando el consumo.
Estos objetivos se esbozan también detrás del contenido de la serie de producciones multimedia que lanzó la Secretaría de Hacienda denominados “Mexiconomía”. Ahí se privilegia, como ya se ha dicho, una visión de recuperación del crecimiento económico a través del estímulo a estas tres variables de la demanda agregada, mismas que están fuertemente determinadas por el mercado interno.
A nivel de las finanzas públicas, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha impuesto como objetivo central el combate a la corrupción. Este lastre representa, a decir de la mayoría empresarios y gerentes de más de mil 400 empresas entrevistados por el Banco Mundial en 2017, el principal obstáculo para el crecimiento de los negocios.
Es innegable además que el gasto público requiere de una cirugía mayor en la que se definan prioridades estratégicas para el país puesto que resulta inconcebible que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hayan gastado, en promedio, 1 millón de pesos diarios en publicidad, mientras que la inversión pública se posicionó en sus niveles más bajos desde 1940 llegando a representar apenas el 2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Por lo que hace a la inversión productiva, el gobierno lopezobradrista debe trazar esquemas de fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ahí hay mucho por hacer en términos de acceso al crédito y financiamiento, variable que es el principal escollo para el crecimiento de las empresas, según el reporte de Crédito de las MiPymes elaborado por Konfio en 2017.
La Cuarta Transformación debe cancelar además el capitalismo de cuates, ese fenómeno que ha permitido a pocos e influyentes empresarios hacer jugosos negocios con el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Vale decir que, en 2017 el 71 por ciento de los contratos firmados con los mil proveedores más importantes del gobierno fueron a través de adjudicación directa, mecanismo que limita la competencia entre empresas y genera opacidad.
En lo referente al consumo de las familias, la Cuarta Transformación ha puesto en marcha ambiciosos programas sociales de carácter universal que tienen la finalidad de impactar en el ingreso de las familias más pobres, esas que tienen un nivel de propensión marginal a consumir más elevado que la media y que, en consecuencia, ingresos adicionales se reflejan en mayores niveles de demanda de bienes y servicios.
Y es que, hasta antes de la llegada del nuevo gobierno, el salario mínimo era una variable de control inflacionario y de estímulo para la atracción de inversiones, por lo que se mantuvo contenido al punto de tener niveles de poder adquisitivo inferiores a los de 1960, situación que ha derivado en que el 41 por ciento de las personas que laboran en la economía formal, viven en condiciones de pobreza.
Estos son los retos y las apuestas del nuevo régimen. Parece racional que en medio de un mundo que parece volcarse nuevamente a políticas económicas de corte proteccionista y ante la inminente reelección de Donald Trump, se tenga que echar mano del mercado interno como motor fundamental del crecimiento económico.
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