Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2019.- La Trata de Personas es un delito que en la actualidad, a pesar de las medidas que se toman por parte de las autoridades para hacerle frente, sigue siendo un lacerante capaz de afectar en todos los sectores de la población, por lo cual, es necesaria la participación de la ciudadanía , expresó, el Fiscal Especializado en Trata de Personas, de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, Jesús Alfonso Guerra Cruz.
Lo anterior, en el marco del diplomado “Derechos Humanos y Contención Emocional para una Adecuada Procuración de Justicia”, que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.
Durante el desarrollo de esta ponencia, impartida a personal de diversas áreas de la FGE, el Fiscal Especializado, explicó la complejidad de este delito, y la importancia de que el funcionariado conozca y refuerce sus herramientas respecto a este tema, con la finalidad de que se puedan identificar las agresiones de las que son víctimas las personas, y éstas sean canalizadas a las áreas correspondientes, para el seguimiento de sus casos.
De esta forma, “capacitándonos y con la denuncia”, resaltó, se puede garantizar la debida y oportuna atención a las víctimas, no solo de trata de personas, sino a todas aquellas que necesiten el servicio profesional de la Fiscalía, expresó el Fiscal.
Guerra Cruz, detalló que en materia de trata de personas se encuentran establecidas 11 modalidades de explotación relacionadas con este delito, entre ellas, la esclavitud; condición de siervo; prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; explotación laboral; mendicidad forzosa; matrimonio forzoso o servil; trabajo o servicio forzado, y la experimentación biométrica ilícita en seres humanos.
En su ponencia, correspondiente al módulo 8 de este diplomado, el funcionario reiteró que con este tipo de actividades, se fortalecen las capacidades institucionales, el trabajo interinstitucional, y el conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz, a fin de brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, y recibir e integrar quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Como parte de esta actividad se llevaron a cabo ejercicios de concientización sobre el tema, y dinámicas a través de las cuales, el funcionariado pudo despejar dudas respecto los protocolos a seguir en un caso de trata de personas, actuando con una visión de perspectiva de género, empatía y tomando en cuenta que estos delitos pueden afectar a cualquier persona, sin importar el estatus social en el que se encuentre.
De acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Palermo, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se entenderá por “trata de personas”:
El transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
