Morelia, Michoacán a 2 de enero del 2019. – Cuando una persona se reconoce como indígena tiene el derecho a contar con un traductor o intérprete, por ley así debe ser atendida por la autoridad jurisdiccional para garantiza que su lengua y su cultura sean respetadas, explicó el director del Instituto de la Defensoría pública del estado de Michoacán (IDPEM), Marco Aurelio Nava Cervantes.
“Esto es así, porque en tal prerrogativa, contenida en el Artículo 2° Constitucional, el principio pro persona exige que su interpretación sea la que represente una mayor protección al que se reconoce como indígena, esto es, que el derecho a ser asistido por intérpretes y defensores que conozcan de su lengua y cultura pueda ser ejercido en todo tiempo, tal y como instruyó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello”, explicó el director.
Para garantizar este derecho, el instituto de la Defensoría Pública, sectorizado a la Secretaría De Gobierno, cuenta con dos abogados que además de sus títulos profesionales, también están certificados por el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo que los acreditó como hablantes de la lengua purépecha, lo que ayuda a ofrecer un mejor servicio para los indígenas.
De acuerdo al Último censo de Población y Vivienda levantado por el INEGI en el 2010, en Michoacán había 136 mil 600 personas mayores de cinco años que hablaban alguna lengua indígena, el 85 lo hacen en la lengua purépecha, el resto en los dialectos, nahua, mazahua y lenguas mixtecas.
“De acuerdo al mismo censo, de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español, es en este sector de la población donde cobran mayor relevancia los abogados bilingües con los que cuenta el instituto”, explicó Marco Aurelio Nava.
Agregó que este es uno de los varios servicios que ofrece el instituto, los defensores traductores atienden asesorías generales, pero se les requiere cuando hay temas particulares de personas indígenas que no dominan a plenitud el castellano, de esta forma se previene una posible violación al derecho de acceso a la justicia, derivado de la imposibilidad de la persona indígena de comprender y hacerse comprender durante el juicio.
Actualmente el Instituto de la Defensoría Pública cuenta con 158 defensoras y defensores al interior del estado, distribuidos en las jefaturas regionales de: Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo-Jiquilpan, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora, Zitácuaro, Hidalgo y Puruándiro.
