Morelia, Mich a 20 de febrero del 2020.- La coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Tere López Hernández, señaló que el Gobierno federal ha puesto como prioridad la pacificación del país ante la descomposición social que heredó de las autoridades del pasado.
“Se han realizado acciones en dos frentes; uno sería en el área de seguridad, a cargo de la Guardia Nacional, y el otro en la reconstrucción del tejido social, con el único objetivo de devolverle la paz a nuestra nación”, expresó.
Ante el incremento de los feminicidios en el país, la legisladora morenista comentó que el Gobierno federal presentará, en próximos días, un plan para combatir y prevenir este delito y toda agresión contra mujeres y niñas. “Esta estrategia de seguridad dará seguimiento a los feminicidios; mientras tanto se trabaja en el seguimiento de este fenómeno, así como sobre los crímenes de odio”, anunció.
Cabe señalar que en San Lázaro, donde existe una mayoría de diputados morenistas se aprobó la modificación a los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal para incrementar las penas que castigan el feminicidio y abuso sexual a menores. Con esta aprobación se incrementan en cinco años las penas en prisión para castigar los delitos de feminicidio y abuso sexual quedando en 45 y 65 años y entre mil y mil 500 días de UMA la pena pecuniaria por feminicidio y entre 10 y 18 años de cárcel por abuso sexual a menores.
Explicó que es importante que se endurezca el castigo a quien prive de la vida por razones de género, a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer. “El delito de feminicidio se considerará como imprescriptible”, advirtió.
La legisladora morenista recordó que en la bancada de Morena en el Senado trabaja en una iniciativa para la tipificación del delito de feminicidio, con sanciones de 40 a 60 años de prisión y de 750 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La legisladora local dijo que las penas serán más severas en este delito, “cuando un servidor público se aproveche de su cargo, cuando la víctima fuere una persona menor de edad o presentara algún tipo de discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena”.
Desde su punto de vista, es indispensable que las autoridades investigadoras y de impartición de justicia cuando se encuentren ante un probable delito de feminicidio, “ejerzan sus atribuciones conforme al respectivo protocolo de actuación correspondiente al delito”, finalizó la diputada Tere López.
