Por Hugo Rangel Vargas.
Casi a la par de que el Instituto para Economía y la Paz (IEP) daba a conocer los resultados del Índice de Paz en México; entre la opinión publicada de nuestro país florecían desmemorias y protagonismos que daban a los resultados de este estudio un contexto perfecto para invocar al recuerdo y para demostrar que en los gobiernos estatales hay virreyes que caminan desnudos de resultados alardeando sin embargo vanidad.
Días después de que se publicara el texto mencionado, se revivía la polémica sobre los nexos de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública, con el crimen organizado y se especulaba sobre el grado de conocimiento que su entonces jefe, Felipe Calderón, pudo haber tenido acerca del comportamiento del primero.
La memoria revivió con tan sólo horas de diferencia y con estos dos sucesos aparentemente desconectados. Y es que en el estudio presentado por el IEP arroja datos interesantes sobre la percepción que tienen los mexicanos acerca de la corrupción de los cuerpos policiacos: 60 por ciento de los encuestados perciben a las instituciones de seguridad pública en su conjunto como corruptas y específicamente un 57 por ciento de los entrevistados percibe a la policía federal como una institución corrompida.
Estas cifras dan cuenta del deterioro que sufrieron los cuerpos de seguridad en cuanto a su fiabilidad como instrumento de la seguridad y la paz de los mexicanos en los últimos años. Derivado de ello podría entenderse la necesidad que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación de mantener, ahora bajo un marco jurídico y con un tiempo acotado legalmente, al ejército y la marina en tareas de seguridad pública.
Ya en el informe sobre el Índice de la Paz del año pasado, se señalaba que: “Las fuerzas militares fueron desplegadas por el presidente Felipe Calderón en 2006 para resolver la infiltración de la policía por miembros de los cárteles y, si bien se contempló que esta medida sería temporal (sic), los soldados continúan operando en las calles de México desde entonces”, texto que vuelve a refrescar la memoria para quienes se desgarran las plumas señalando el inicio de la militarización del país con el decreto presidencial del 11 de mayo, mismo que acota la participación de las fuerzas armadas en esas tareas hasta el 2024.
Pero un efecto adicional del informe del Índice de la Paz 2020 ha sido el de dar un golpe de realidad a los virreyes de los estados que han mantenido una confrontación en los últimos días con el gobierno federal. Los resultados de Michoacán, Nuevo León y Coahuila son poco alentadores y no dan margen para que los gobernadores alardeen de calidad moral para ser voces críticas de lo que ocurre en el país.
Tan sólo Michoacán deterioró en el ultimo año, cuatro de los cinco aspectos evaluados por el Índice de la Paz: homicidios, delitos con arma de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y ciudadanos que permanecen en la cárcel sin sentencia. Mientras este deterioro ocurre, Aureoles Conejo se lanza nuevamente a la palestra nacional, desconectando su agenda de las verdaderas preocupaciones de los michoacanos.
En tiempos de la pandemia, un golpe de realidad vuelve a sacudirnos la cara: la necesidad de pacificar al país sigue como un gran tema pendiente en el que abundan las posturas políticas y los pretextos y en contra parte faltan los acuerdos y los resultados.
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