Por Hugo Rangel Vargas
En las ultimas horas ha circulado en diversos medios la información de que la minera Fresnillo, empresa que forma parte de Industrias Peñoles propiedad del multimillonario mexicano Alberto Bailléres, ha declarado en la Bolsa de Valores de Londres que ha pagado al gobierno de México la cantidad de 4 mil 900 millones de pesos por concepto de impuestos. Para dimensionar el tamaño del gigante que se ha puesto al corriente, baste decir que Fresnillo es la principal productora de plata del mundo y la más importante productora de oro del país.
Bailléres y su emporio no ha sido el único grande que ha pasado a ajustar cuentas con el fisco mexicano desde la llegada de la Cuarta Transformación. La lista ya incluye a FEMSA, Walmart, Toyota e IBM y el monto de los recursos recuperados, según lo informado por la titular del SAT, asciende a 25 mil millones de pesos, esto significaría 1.7 veces los recursos destinados al ramo 23 en el presupuesto 2020.
Pero mucho más allá de los montos millonarios de economías que la 4T está rescatando y de que estas llegan en un momento de crisis que ha desnudado la debilidad fiscal del estado mexicano para hacer frente a contingencias, hay dos fenómenos que llaman la atención.
El primero de ellos ha sido la reacción de algunos empresarios que han optado por la confrontación y por llevar el asunto a litigios y escaramuzas mediáticas. Así, por ejemplo, ha trascendido que el presidente del Consejo de Administración de FEMSA, el mismísimo “Diablo” José Antonio Fernández Carbajal declaró que el acuerdo con el SAT le había costado 9 mil millones de pesos, pero “si es necesario pagaría el doble por sacar a AMLO en el 2022”.
Pero los jaloneos no terminan ahí. Y es que el propio presidente López Obrador ha pedido la intervención del embajador canadiense para que compañías mineras provenientes de este país se pongan al corriente con sus impuestos, ya que éstas han anunciado que acudirán a cortes internacionales buscando evadir sus obligaciones. Sí, se trata de esas empresas que sustraen mineral del subsuelo mexicano aprovechando una legislación laxa que les ha permitido toda clase de tropelías ambientales.
Pero la confrontación directa con algunos empresarios deriva de la más importante lectura que hay que darle a este ejercicio de autoridad. Se trata de un golpe de timón, de una determinación que deja en claro que el gobierno mexicano no seguirá siendo un espectador de la conformación de grandes fortunas sin que estas pasen por la revisión legal y el pago de sus respectivas contribuciones fiscales. Basta recordar que, en el sexenio pasado, 58 de las 120 empresas que cotizan en la bolsa de aprovecharon de mecanismos de condonación de impuestos que el propio ejecutivo impulsaba.
Es urgente que el país revise, sin tapujos y sin dogmas, el proceso insultante de formación de las fortunas del 1 por ciento de los mexicanos más ricos. En ellas se encuentra sin duda una falta de autoridad y el vacío de un verdadero sistema impositivo que sea progresivo y que deje de depender del cobro del impuesto al consumo, mismo que en períodos de crisis como el actual debería ser menor para recargar la tributación en los impuestos a la riqueza y a las herencias.
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