Zamora, Michoacán, a 2 de diciembre de 2020.- Ante la incidencia delictiva registrada en la región de Zamora, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha tenido una reacción firme y contundente en la investigación y persecución del delito, lo que ha permitido la detención de 174 personas por su posible relación en delitos como homicidio, secuestro, robo de vehículo, y contra la salud, expuso el Fiscal General, Adrián López Solís.
Durante un encuentro de trabajo realizado en las instalaciones de la Fiscalía Regional, enmarcada en la jornada de evaluación de los avances del Plan de Persecución de Delitos de la FGE, el Fiscal General destacó que estas cifras colocan a Zamora junto con Uruapan y Morelia, como las regiones con más detenciones en este tipo de delitos.
Entre estos logros, indicó Adrián López Solís, se encuentra el aumento en las cifras de carpetas de investigación que se han resuelto por la vía de la judicialización, cifra que pasó de 389 en el periodo de enero a octubre del 2019, a 624 en el mismo periodo pero del 2020.
Asimismo, destacó las resoluciones por la vía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) a través de los cuales se han solucionado 576 carpetas en el 2020, con relación a 195 registradas en el 2019, en el periodo de enero a octubre, respectivamente.
Estas acciones han permitido que la cifra de carpetas que se encuentran en Archivo Temporal en esa región hayan disminuido, pasando de 2 mil 585 en el 2019, a mil 40 en el 2020, explicó López Solís.
Acompañado por Mario Gerardo Pinedo Infante, Fiscal Regional de Zamora y el coordinador de la Policía de Investigación, Julio Meza Gaona, el Fiscal General subrayó que estas cifras son el resultado de acciones que se han venido fortaleciendo con la finalidad de que los delitos que se cometen no queden impunes.
Por lo anterior, exhortó a las y los funcionarios a continuar trabajando tal como lo han hecho hasta el momento, a fin de garantizar a las y los michoacanos que la FGE es la institución confiable que merecen y el puente para ejercer su derecho de acceso a la justicia y reparación del daño.
