Morelia, Michoacán, 18 de junio de 2021. Hoy, como nunca antes, “las autoridades están expuestas a mayor vigilancia y mayor control de sus decisiones. La nueva visión de los Derechos Humanos, fortalecida tras la reforma constitucional de 2011 en México, obliga a cumplir el derecho de las personas a no ser molestadas en sus derechos, sus papeles o sus posesiones, si no es mediante un acto debidamente fundado y motivado”.
Esto lo expresó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), J. Jesús Sierra Arias, a un grupo de estudiantes de la materia de derecho administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, durante una clase especial a propósito de las competencias de la justicia administrativa en nuestra entidad.
Y estas competencias son muy amplias. El TJAM tiene competencia para juzgar todo acto de la autoridad, ya sea estatal o municipal, que no cuente con los elementos de validez. Por ejemplo, el Tribunal ha protegido la protesta de ciclistas desnudos y ha intervenido en casos de ejercicio indebido de los servidores públicos sobre sus responsabilidades.
“Incluso, y esto no ocurre con todos los Tribunales de Justicia Administrativa en el país, puede juzgar los actos materialmente administrativos de los Poderes Judicial y Legislativo, a la vez que aquéllos derivados de órganos autónomos como partidos políticos y sindicatos”, expuso.
Esto es, un “amplio espectro de la justicia administrativa” que, en síntesis, equilibra las relaciones entre los particulares y la administración pública. “Digamos, este modelo de justicia los pone en igualdad de armas, en equilibrio procesal”, explicó a los futuros abogados.
En tal escenario, prosiguió, si el particular considera que se han violentado sus derechos toca a los órganos jurisdiccionales como el TJAM determinar “si, en efecto, el acto de la autoridad ha resultado infundado y podrá sancionarlo según corresponda”.
Sin embargo, advirtió, incluso las decisiones de un Tribunal “pueden ser revisadas a través del juicio de Amparo, porque un Tribunal no es infalible. No actúa de mala fe, pero puede errar y para eso están los tribunales federales: para garantizar que se cumpla con los estándares de una justicia de calidad”.
Lo que se necesita ahora, dijo el magistrado para concluir, “es que los ciudadanos sepan que pueden impugnar los actos de la administración que los lesionan; y también, es necesario que las nuevas generaciones de abogados descubran que existe un gran espacio de exploración en el derecho administrativo, ya que puede ampliar la posibilidad del litigio, y la posibilidad de defensa de las personas”.
