Morelia, Michoacán 20 de enero del 2022.-Al término de la gestión de la legislatura LXXIV del Congreso del Estado de Michoacán, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, un grupo de por lo menos 350 colaboradores de los 40 diputados quedaron desempleados, pero durante el mes de julio del 2021, los legisladores aprobaron para ellos un bono equivalente a dos meses de salario, que sumado al aguinaldo y la prima vacacional configuran la prestación conocida como finiquito, para cuyo pago el área jurídica de la Cámara de diputados firmó con ellos un convenio, aunque debido a que la tesorería del gobierno estatal no giró las partidas correspondientes a los meses de julio a septiembre, la mayoría no pudo cobrar en el periodo que correspondía a esa legislatura.
Sin embargo, al arribar la nueva directiva del Congreso de Michoacán, integrada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, y la presidenta de la mesa directiva y coordinadora de la fracción del PRI, Adriana Hernández Iñiguez, decidió desconocer los convenios y solo comenzó a pagar a partir del 3 de enero de este año la parte proporcional del aguinaldo y la prima vacacional correspondientes a los nueves meses y medio trabajados durante el 2021, debido a que la vieja deuda del gobierno del estado de 37 millones de pesos fue pagada al congreso durante la última semana del año pasado, de los cuales 21 millones, según el presupuesto 2021, correspondían al pago de los finiquitos de los ex empleados, en cuyo monto se incluía el bono de dos meses de salario.
Con todo y que la mesa directiva ignoró e incluso negó dolosamente la existencia de tales convenios, por la presión, las amenazas y las penurias que sufrieron, de los aproximadamente 350 empleados, por lo menos un 80 por ciento aceptaron cobrar solo un tercio de lo que estipulan los convenios. Los restantes han estado solicitando por escrito tanto a los directivos de la cámara como a la Secretaría de Administración y Finanzas y al área de Transparencia de la misma, atenidos al artículo octavo de la constitución, la presentación de esos documentos, sin resultados a la fecha.
De hecho, la firma de tales convenios condicionaba la entrega de la constancia de baja para poder recuperar los ahorros que los ex empleados tenían en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, de tal manera que este documento (constancia de baja) prueba en primera instancia que existe un pacto entre las partes para cobrar los finiquitos tal como lo aprobó la legislatura pasada. Existen además declaraciones tanto de la presidenta de la mesa directiva, Adriana Hernández, como del diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, en el sentido de que varios de sus colaboradores cobraron esta prestación con el bono de dos meses de salario y debido a ello los exempleados exigen el mismo trato, atenidos a la fracción VII del artículo 123 constitucional que sostiene la máxima de que “a trabajos iguales, salarios y prestaciones iguales”.
Además, y por eso precisamente, los directos del congreso niegan la existencia de los convenios. La Ley Federal del Trabajo prevé, en la intención de favorecer a la parte débil de la relación laboral, que cuando el empleador pacta con sus trabajadores mejoras superiores a la norma, prevalece en el otorgamiento de una prestación el acuerdo firmado por las partes, en lo que se conoce como “la condición más beneficiosa”. La cerrazón, la insensibilidad, la indiferencia e incluso la soberbia han prevalecido en la totalidad de los 40 diputados de la legislatura LXXV porque nunca atendieron los legítimos reclamos de respeto a los convenios, tal vez porque ejercen sin control alguno un presupuesto de 37 millones de pesos, más cuatro millones que quedaron en las cuentas del congreso como remanente de una partida de 14 millones dedicada a pagar los laudos de varios trabajadores que después de varios años ganaron sus demandas de la cual solo se gastaron 10 millones que corresponden a ejercicio fiscal 2021. De esos 41 millones, les queda el cómodo y arbitrario manejo de por lo menos 30 millones de pesos con una Auditoría Superior de Michoacán a modo para solapar la asociación delictuosa de Morena y el PRI, porque ya les robaron a los por lo menos 200 trabajadores que aceptaron las condiciones impuestas casi dos tercios de lo que por ley les correspondía.
