LA FGE RE VICTIMIZA A DENUNCIANTES OMITIENDO INVESTIGACIÓN POR DETENCIÓN ARBITRARIA, ALLANAMIENTO, ROBO, AMENAZAS, LESIONES, Y DAÑOS EN PROPIEDAD, COMETIDOS POR MILITARES
Morelia Mich a 8 de abril del 2022.- Alcaldes Michoacanos denuncian abusos por parte de elementos militares pertenecientes al 17 batallón de infantería, al mando de Miguel Marroquín Carreón, mismos, que desde hace varios meses han venido cometiendo abusos de poder y violaciones graves a los derechos humanos; pese a las denuncias presentadas, no están siendo debidamente investigados.
Alcaldes de los municipios de Zináparo, Zamora, Yurécuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Zacapu, Tangamandapio y La Piedad Michoacán, señalan uso indebido de la fuerza militar, detenciones arbitrarias, allanamiento, robo, amenazas, lesiones, daños en propiedad y agresión sexual que militares han cometido durante supuestos “operativos” realizados en la región
Los alcaldes describen al menos 17 casos de graves de abuso militar contra empresarios locales, ciudadanos comunes y trabajadores d los ayuntamientos; señalan que hasta el momento ninguna investigación sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos.
Los abusos continúan ocurriendo bajo las órdenes de mandos militares y los responsables no son sancionados; entre todos los casos señalan uno, cometido contra un empresario local donde se realizó una detención arbitraria e ilegal, y ante la falta de pruebas en contra, el afectado fue puesto en libertad, no así las pertenecías que le fueron sustraídas en su domicilio, al que ingresaron en forma arbitraria, violenta y sin una orden judicial.
Otro caso expone a un constructor del municipio de Ecuandureo, en cuyo domicilio los militares ocasionaron daños a la propiedad y robo que asciende a varios cientos de miles de pesos en bienes materiales que fueron sustraídos de la vivienda y que quedó evidenciado en cpamaras de seguridad.
En septiembre pasado, la SEDENA reconoció que hasta esa fecha y en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de efectivos del Ejército Mexicano. El saldo de estos abusos han sido personas muertas, otras lesionadas, y cuantiosas afectaciones materiales. Aunque se trata de hechos que constituyen delitos federales – algunos de ellos graves – la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Es claro que el sistema de seguridad y justicia mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia, aún en casos de abusos militares contra civiles. Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran “en servicio” cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos.
Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente “para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.
México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares, el gobierno debe asegurarse que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil sean investigados y juzgados por autoridades civiles ante el sistema de justicia penal, ya sea fedeñlral o local.
