Morelia, Michoacán, 08 de abril de 2022. Para regular el procedimiento para dirimir conflictos por límites territoriales en Michoacán, la diputada Gloria Tapia Reyes presentó una iniciativa de Ley para la Solución de Conflictos por Límites Territoriales entre los Municipios del Estado de Michoacán.
Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, en la sesión celebrada este viernes, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta en la cual se establecen los procedimientos mediante los que podrán dirimirse los conflictos.
La presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en la LXXV Legislatura plantea tres procedimientos para dirimir los conflictos territoriales el de: conciliación, acuerdo y el contencioso.
Gloria Tapia recordó que en Michoacán se han presentado diversos problemas por conflictos de límites territoriales, como el caso de Coahuayana, Aguililla, Tancítaro, el de Jiquilpan y Sahuayo, así como el que se presentó el 1 de octubre de 1996, cuando el Ayuntamiento de Tarímbaro solicitó a este Congreso que estableciera los límites territoriales entre éste y el municipio de Morelia, solicitud que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió que el Congreso Local debía resolver.
Pese a ello, fue hasta el 2020 que con una reforma a la Constitución Local se facultó al Congreso del Estado para resolver los conflictos por límites territoriales entre los municipios del Estado; sin embargo, desde esa fecha no se ha expedido la ley que establezca el procedimiento a través del cual se llevará a cabo el procedimiento.
Ante el vacío que existe, Gloria Tapia presentó la propuesta de Ley para la Solución de Conflictos por Límites Territoriales entre los Municipios del Estado, en la cual se establecen los procedimientos mediante los que podrán dirimirse.
Propone que, se establezcan los medios heterocompositivos de solución de conflictos, como es el caso del convenio y la conciliación previo a la vía adversarial, que de llevarse a cabo tendrían plena validez jurídica y fuerza vinculatoria.
Advirtió que la inexistencia de una normativa que establezca de manera especial, el proceso a seguirse en la elaboración de un dictamen en esta materia, podría generar rezago si se llegara a presentar un caso de controversia entre algunos municipios, además de que cualquier resolución que se emitiera sería poco idónea, eficiencia y carecería de certeza jurídica.
