Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2022.- El aprendizaje educativo que se emplea para las personas con discapacidad debe ser acorde a sus necesidades, asegurando para ello los materiales y estrategias metodológicas concretas, destacó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Constitución del Estado, con la intención de garantizar que la educación a personas con discapacidad sea en su propia lengua, incluyendo la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema Braille.
“De acuerdo con los datos del INEGI, en México, al menos 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años viven con discapacidad, lo que representa el 9.2 por ciento de la población infantil en ese rango de edad; además, sólo el 75.3% de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en una edad de entre 5 y 17 años reciben educación básica”.
Víctor Zurita abundó que del total de los adolescentes con discapacidad de entre 15 y 17 años, el 41.1% no cuenta con la educación básica completa, ello al no existir la estructura de accesibilidad ni una enseñanza acorde a su realidad social.
“Al igual que con las personas sordas, es necesario que el aprendizaje educativo que se emplea para las personas con limitación o discapacidad visual sea acorde a sus necesidades, es decir, asegurando en ellos los materiales y estrategias metodológicas concretas para que los alumnos puedan alcanzar el grado de aprendizaje que corresponda según el nivel educativo en el que se encuentren”.
Recalcó que de aprobarse esta iniciativa, Michoacán se unirá a las Entidades Federativas de Campeche y Ciudad de México en su interés por reconocer a la Lengua de Señas Mexicana como parte de su patrimonio lingüístico, además contribuirá de manera favorable al desarrollo integral de las personas con discapacidad visual y auditiva, a través de la construcción de un marco normativo que reconozca, procure y garantice un efectivo acceso a la educación inclusiva.
