Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2023.- Es necesario que nuestras leyes establezcan medidas más efectivas para evitar que la falta de pago de pensiones alimenticias siga afectando a niñas y niños en Michoacán, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó este jueves una iniciativa para reformar en la materia los códigos Civil, Familia y Penal del Estado de Michoacán.
“La problemática del pago de alimentos a favor los niños, niñas y adolescentes, trae como consecuencia la inestabilidad social, hogares disfuncionales, deserción de estudiantes en los centros educativos, desnutrición, delincuencia juvenil en diferentes ámbitos, tales como drogadicción, microtráfico de drogas, robo, o prostitución infantil”.
La diputada por el Distrito de Zacapu refirió que la falta de pago de las pensiones alimenticias ataca al grupo humano más vulnerable de la sociedad que son los menores de edad, mismos que está en desventaja frente a su progenitor que en la mayoría de los casos manifiestan ser notoriamente irresponsables con el pago sus pensiones alimenticias, que además son irrisorias, respecto al costo de vida.
“Por décadas se han venido vulnerando los derechos de los menores en el pago a tiempo de las pensiones alimenticias por parte de sus progenitores, sin causa justa, dejando desprotegidos no solo a sus hijos, sino también a sus cónyuges, ocasionando a la familia núcleo fundamental de la sociedad un desequilibrio en el orden emocional, económico y social, trayendo como consecuencia desesperación por no poder cubrir con sus necesidades básicas”.
Mónica Valdez recalcó que el Estado al no preocuparse de los menores crea una inseguridad jurídica siendo su papel principal velar por los derechos de sus menores consagrados en la Constitución y en las leyes de la Niñez y Adolescencia, principios que protegen a los menores, pero al dejarlos desprotegidos sin el derecho a reclamar alimentos, no está garantizando dichos derechos e indirectamente está provocando gravísimos problemas de orden social, por lo que es necesario que exista un cambio.
