Zacapu, Mich; 2 de junio de 2023.- La corrupción y malos manejos administrativos en la oficina del registro civil, es una constante que afecta a los zacapenses, sin que autoridad alguna les ponga un alto. Ciudadanos hartos de los abusos en esta dependencia, denuncian las prácticas que aquí se llevan a cabo a diario.

Y es que, el personal adscrito a dicha oficialía, lucra a costa de los usuarios que solicitan trámites; lo más común es la venta de “trámites urgentes” cuyos pagos se realizan directo a las y los funcionarios para “agilizar” su entrega con sobrecostos, cuando dicha figura no existe en los servicios que ofrece la dependencia; también cobran por certificación e incluso por captura de actas, sin entregar recibo, toda vez que el cobro de los servicios se debe efectuar en la oficina de recaudación con el recibo correspondiente; el costo de matrimonios a domicilio se dispara hasta cinco veces su costo real, para lo cual expiden el acta con una fecha laboral y la reportan como matrimonio registrado en las oficinas; asimismo, otros trámites que se triplican al costo establecido en el tabulador, el cual no exhiben a la vista del usuario, abusando de la ignorancia y desesperación de la gente.

Exigen documentación innecesaria para la expedición de actas de defunción, solicitando numerosas actas o curp incluso de los padres del fallecido, siendo mayores de edad, del cónyuge etc. con la finalidad de que los familiares en un afán de “agilizar” desembolsen cantidades de dinero que van directo a su bolsillo. Condicionan el horario y el número de trámites a realizar, emitiendo “fichas” que entregan solo hasta las once de la mañana; obviamente esto no aplica cuando se trata de conocidos o amistades del personal a quienes incluso, permiten el acceso y no mantienen en la banqueta como al resto de los usuarios; con un trato déspota y prepotente, tal como si le hicieran un favor a quienes requieren un servicio.

El horario de atención debe ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mismo que no se cumple en perjuicio de los ciudadanos. Urge que la Dirección del registro civil y la propia Secretaría de Gobierno tome cartas en el asunto, que se investigue el probable ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado y tráfico de influencias, acciones ilegales que afectan al erario y al bolsillo de los ciudadanos, y se actúe conforme a la ley para establecer la legalidad y recuperar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, no así hacia personal mañoso que durante años ha adquirido la habilidad de perjudicar a los ciudadanos bajo la protección del STASPE; es necesario que actúe en lo inmediato la Fiscalía en materia de combate a la corrupción y el tribunal de justicia administrativa.