Morelia, Michoacán.— A casi dos semanas del acto protocolario en el que fueron reconocidos 146 elementos de la Guardia Civil por su trayectoria, valor y años de servicio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán no ha cumplido con la entrega del incentivo económico prometido a los oficiales con mayor antigüedad.
El evento se realizó el pasado 18 de diciembre y representó la primera acción pública de José Antonio Cruz Medina como titular de la SSP; sin embargo, el acto —programado previamente por el exsecretario Juan Carlos Oseguera Cortés y sobre de quién existe una carpeta de investigación en la FGR— quedó únicamente en el plano simbólico.
De acuerdo con testimonios de los elementos afectados, se trata de policías con entre 10 y hasta 25 años de servicio, a quienes se les informó que recibirían una compensación económica de 30 mil pesos como reconocimiento a su trayectoria. No obstante, tras aceptar la distinción y acudir a la ceremonia oficial, el pago nunca se realizó.
Ese día, la propia Secretaría de Seguridad Pública difundió en redes sociales un mensaje institucional en el que destacó la importancia de consolidar una carrera policial sólida, con aspiraciones profesionales, estabilidad y condiciones laborales dignas. El mensaje fue acompañado de imágenes del evento; sin embargo, hasta ahora, el reconocimiento se ha limitado a la fotografía, una medalla y una carta de promesas.
Los policías señalan que, más allá del incentivo incumplido, continúan desempeñando sus funciones sin el equipo indispensable: uniformes completos, botas, cascos, armamento adecuado y equipos de protección personal, carencias que se mantienen incluso en operativos visibles.
Un ejemplo recae en el grupo ciclista de la Guardia Civil que patrullaba el primer cuadro de la ciudad lo hacen sin cascos de protección, algunos únicamente con gorra y con uniformes incompletos, evidenciando la brecha entre el discurso oficial y la realidad operativa.
Para los elementos condecorados, el reconocimiento público sin respaldo económico ni mejoras reales en sus condiciones laborales representa una promesa incumplida más, en un contexto donde la seguridad pública exige profesionalización, pero también cumplimiento institucional.
