Por Miriam Camacho
En México, hoy, más de 90 millones de personas usan redes sociales. No es un dato menor: significa que siete de cada diez habitantes están expuestos diariamente a contenidos que no pasan por ningún filtro previo. Dentro de ese universo hay un dato que suele llamar más la atención: alrededor de 16 millones de esos usuarios son menores de edad.
Niños y adolescentes que entran todos los días a plataformas diseñadas para adultos, muchas veces sin que nadie verifique realmente cuántos años tienen. En la práctica, basta con marcar una casilla, usar la cuenta de un padre o mentir en la fecha de nacimiento para acceder a contenidos que no distinguen entre madurez, edad o capacidad de juicio.
En ese contexto, los llamados retos virales dejaron de ser una anécdota. En México ya hemos visto adolescentes hospitalizados, y en algunos casos fallecidos, tras intentar desafíos difundidos en redes sociales: pruebas de asfixia, consumo de sustancias, conductas de alto riesgo convertidas en tendencia. No fue un solo video ni un solo creador. Fue un entorno que empujó, normalizó y recompensó la conducta.
Cuando eso ocurre, la pregunta aparece casi de inmediato, en sobremesas, noticieros y redes: ¿de quién es la responsabilidad?
En 2024, el tema volvió con fuerza a la conversación pública a partir de varios casos registrados en Zacatecas, donde adolescentes murieron en circunstancias asociadas a la imitación de retos virales difundidos en redes sociales. En pocos días se reportaron más de dos casos, lo que encendió alertas entre autoridades educativas, padres de familia y medios nacionales.
No era la primera vez. Años antes, en México ya se había hablado del llamado Blackout Challenge, un reto de asfixia que circuló globalmente y que motivó advertencias oficiales tras la muerte de menores en distintos países, incluido el nuestro. Más recientemente, en 2023, autoridades de salud y educación alertaron sobre retos que implicaban la ingesta de medicamentos controlados, como clonazepam, luego de que estudiantes fueran atendidos por intoxicación.
Los contextos cambian, los retos se renuevan, pero el patrón se mantiene: contenidos que circulan, se replican y se validan socialmente con rapidez, especialmente entre jóvenes.
En plataformas de alta circulación juvenil como TikTok, el incentivo es claro: más vistas, más reacciones, más reconocimiento. Nadie da la orden, pero el sistema premia la conducta. Y en ese juego participan menores que aún no cuentan con las herramientas para medir consecuencias.
Después del impacto mediático llega la exigencia de respuestas. ¿Se puede denunciar? ¿A quién? ¿A la plataforma, al creador del contenido, a nadie?
Aquí aparece una complejidad adicional que suele pasarse por alto. Desde hace más de una década, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han sostenido que el acceso a Internet está estrechamente vinculado al ejercicio de derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. En México, además, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a Internet está reconocido a nivel constitucional desde 2013.
Este dato introduce un matiz incómodo pero necesario: limitar el acceso no es una decisión neutra, ni jurídica ni políticamente. Un menor es, antes que nada, una persona titular de derechos. Y ese argumento, con razón, suele aparecer también en la defensa de las plataformas cuando se les exige mayor control.
Sin embargo, reconocer el acceso a Internet como un derecho no implica asumir que todo acceso debe ser irrestricto, ni que todos los usuarios tienen la misma capacidad para ejercerlo de manera autónoma. De hecho, ningún otro derecho se ejerce sin límites cuando entran en juego la edad, la madurez o la protección de terceros.
En México, estas preguntas rara vez se traducen en demandas formales contra empresas tecnológicas. No porque el daño no exista, sino porque el marco legal tiene dificultades para encuadrar fenómenos que no se presentan como hechos aislados, sino como dinámicas de exposición, imitación y presión social.
En otros países, el debate ya se desplazó al terreno judicial. En Estados Unidos, padres de familia, fiscales estatales y distritos escolares han presentado demandas contra grandes plataformas. El argumento no gira en torno a un reto específico, sino al diseño de entornos digitales que, según los demandantes, incentivan conductas adictivas o de riesgo entre menores.
Más allá del desenlace de esos procesos, el dato relevante es otro: cuando el daño no tiene autor único ni momento preciso, el derecho empieza a tensarse.
Ante ese desfase, algunos Estados han optado por intervenir antes del daño. En Australia, por ejemplo, ya se implementó la verificación biométrica de edad para limitar el acceso de menores a redes sociales. La lógica es directa: si el entorno digital no distingue edades, el riesgo se multiplica.
