Morelia, Mich; a 25 de marzo del 2026.-
En el marco de la discusión del denominado “Plan B” en el Congreso del Estado y ante la incertidumbre que ha generado entre trabajadores por posibles despidos, diputadas y diputados pusieron sobre la mesa un caso específico que ha generado indignación interna: el de una trabajadora identificada como “Alicia N”, señalada por presuntamente cobrar sin desempeñar sus funciones.
De acuerdo con legisladores, este caso evidencia posibles irregularidades que deben investigarse antes de tomar decisiones que afecten a la base trabajadora. Señalaron que “Alicia N” habría percibido ingresos de manera simultánea en el Congreso local y en un ayuntamiento de otra entidad, lo cual resulta incompatible. Además, denunciaron que durante varios años no se le habría visto desempeñando actividades laborales, pese a mantenerse en nómina.
Testimonios internos apuntan a que incluso habría permanecido fuera del país por periodos prolongados, sin que existiera claridad sobre su situación laboral, lo que ha levantado sospechas sobre la existencia de permisos irregulares otorgados en legislaturas anteriores. Se mencionó que, en su momento, habría sido exentada de controles administrativos como la firma de asistencia por parte de legisladores.
Diputados subrayaron que, si bien “Alicia N” cuenta con estatus sindicalizado, esto no debe ser impedimento para revisar su caso a fondo, especialmente ante múltiples quejas del propio personal que cuestiona la falta de equidad y transparencia dentro del Congreso.
En este contexto, señalaron que el debate del “Plan B” no debe centrarse únicamente en posibles despidos, sino en garantizar que quienes forman parte del Poder Legislativo realmente cumplan con sus funciones. “No se puede hablar de recortes sin antes revisar estos casos que representan abusos y afectan la confianza en la institución”, expresaron.
Destacaron que caso como el de Alicia que cobró dos años en el Congreso estando trabajando en ayuntamiento de Playa del Carmen, en Quintana Roo, no deberían suceder, y quien hoy está adscrita a una diputada de Morena, así como el caso de “Carlos N” quien cobra como asesor A y solo viene por su recibo de nómina o “Lucero N” asesor B quien tampoco no se presenta a laborar.
Finalmente, hicieron un llamado a las instancias correspondientes para investigar este caso y otros similares, con el fin de esclarecer responsabilidades y asegurar que el servicio público se ejerza con legalidad, ética y compromiso.
