Por Erik Avilés
Con un magisterio precarizado, insuficiente y que envejece, normales en declive y pensiones que devorarán el presupuesto educativo, México enfrenta una deuda intergeneracional con millones de niñas, niños y jóvenes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado su deseo de escuchar directamente al magisterio mexicano. El sistema educativo nacional carga hoy con un problema que tardó décadas en incubarse en silencio y que ahora se manifiesta con toda su crudeza: México no tiene suficientes maestros y, además, está quedándose sin maestros jóvenes, mientras el plan para relevar a los que se jubilan brilla por su ausencia.
La edad promedio del magisterio mexicano ronda los 44 años, según datos de la OCDE. Las escuelas normales, que durante décadas fueron la cantera de los docentes del país, representan hoy apenas el 2.8% de la matrícula nacional de educación superior, de acuerdo con la ANUIES.
Y la matrícula normalista, lejos de recuperarse con energía, ha tenido un crecimiento muy escaso: de alrededor de 108 mil estudiantes en el ciclo 2015-2016 a cerca de 115 mil en 2024, acumulando años de estancamiento en entidades como Michoacán y caídas que en entidades como Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas y Tabasco superaron el 60%. Esos son los maestros que México decidió no formar. Ahora los necesita.
Los sistemas educativos, como los árboles, crecen lento y muestran sus heridas tarde. Cuando una generación de potenciales docentes elige otras trayectorias, porque el salario de entrada es desalentador y porque las condiciones de trabajo en zonas rurales e indígenas rozan la indignidad, el sistema no colapsa de inmediato. La hora se acerca.
La escasez de maestros en matemáticas, ciencias e inglés en zonas rurales e indígenas es más severa que en cualquier otra asignatura o región. México enfrenta una falta de docentes particularmente pronunciada en escuelas preescolares, primarias indígenas y telesecundarias donde tampoco hay maestros de artes, educación física ni especialistas en tecnologías; trabajosamente, se cuenta con escuelas multigrado. Esta distribución inequitativa del talento docente tiene una consecuencia que debería indignar a cualquier demócrata: los niños que más necesitan buenos maestros son, sistemáticamente, los que menos probabilidad tienen de tenerlos. Un niño en la Sierra-Costa de Michoacán tiene menos posibilidades de acceder a un maestro de física calificado que un niño en Morelia o Guadalajara,
El decreto de jubilación anticipada firmado en 2025, como respuesta a la presión de la CNTE, fue una decisión política que alivió una tensión gremial inmediata a un costo que pagarán las generaciones siguientes. Para 2030, las pensiones del magisterio absorberán el 41% del presupuesto educativo y rondarán 600 mil millones de pesos, mientras que el gasto por estudiante en infraestructura y formación seguirá estancado. Por cada peso que llega a las aulas, 1.26 pesos se destinan ya a pensiones. Y si la eventual abrogación de la Ley del ISSSTE se materializa sin medidas compensatorias, el costo adicional podría alcanzar los siete billones de pesos.
Lo que hace esto especialmente grave es la simultaneidad del problema: el país necesitará en la próxima década más maestros formados y mejor pagados que nunca, precisamente cuando el presupuesto disponible para formarlos será menor que en cualquier momento reciente. Mientras el gasto en educación pública habrá crecido apenas 9.3% en siete años, el gasto en pensiones habrá crecido 66.9%, siete veces más. Bajo esa lógica de suma cero, el sistema educativo mexicano está pagando el retiro del magisterio actual con el futuro de sus estudiantes.
Discursar ejercicios de justicia laboral hacia el magisterio, sin mencionar el impacto sobre los estudiantes, es una forma de honestidad selectiva. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo: los maestros merecen condiciones dignas de retiro y los niños en situación de vulnerabilidad merecen que el presupuesto educativo priorice su aprendizaje. Pero, cuando el gobierno elige solo una de las dos verdades para comunicar, no está haciendo política educativa, sino demagogia.
Los más perjudicados son, con una consistencia que debería avergonzarnos, los mismos de siempre. Las niñas y niños en comunidades rurales e indígenas son los más expuestos a la escasez de docentes, a la rotación de maestros sin formación específica y a la ausencia de especialistas. Hay escuelas indígenas donde ningún docente habla la lengua materna de los estudiantes, por lo que la enseñanza ocurre en español como segunda lengua, en comunidades donde el español también es el idioma de la exclusión. El INEA reporta que 27.5 millones de personas mayores de quince años se encuentran en rezago educativo, equivalentes al 27% de la población en ese rango de edad, y esa cifra no decrece cuando faltan maestros formados para atenderla.
Los estudiantes de educación media superior en zonas de alta marginación enfrentan una realidad igualmente severa. Entre jóvenes de 25 a 34 años, cuatro de cada diez no han concluido la educación media superior, y México se mantiene como el país de la OCDE con el mayor rezago en ese nivel. Los jóvenes que aspiran a ser docentes también pierden: sin incentivos salariales claros, sin certeza sobre las condiciones laborales en sus zonas de adscripción y con el estigma histórico de que la normal es para quien no pudo entrar a otra carrera, sencillamente eligen otra trayectoria. Y los docentes en servicio en zonas marginadas cargan solos con grupos multigrado, falta de materiales y la distancia crónica de cualquier programa de actualización pertinente.
Asumir el problema es el primer paso, lo cual significa publicar el mapa de necesidades docentes por municipio, nivel educativo y asignatura para los próximos diez años. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos maestros le faltan a cada comunidad y cuál es el plan para formarlos. Esa transparencia es la condición mínima para que cualquier diálogo con el magisterio, incluido el que la presidenta Sheinbaum propone, tenga asidero en la realidad.
La SEP y las secretarías de educación estatales deben construir una Estrategia Nacional de Relevo Docente con horizonte al 2035, cruzando proyecciones de jubilación con metas de matrícula normalista por entidad. Michoacán, en particular, tiene la obligación de calcular cuántos docentes necesita para cubrir sus zonas más rezagadas y cuántos egresará de sus normales en ese período, para también, atender el rezago en cobertura. Se debe de planear desde la evidencia, no desde la improvisación.
Las escuelas normales deben ser punta de lanza en ampliar la cobertura educativa y en contar con el relevo generacional del magisterio nacional. Por ello, merecen una reforma curricular que las haga competitivas y relevantes. Eso significa incorporar formación en tecnologías educativas, interculturalidad y evidencia pedagógica internacional; reformar los modelos de práctica profesional para que los futuros maestros conozcan de verdad las aulas donde van a trabajar; y comunicar mejor sus posibilidades de empleo y de desarrollo profesional para atraer perfiles más diversos y más capaces. Paralelo a ello, el Congreso de la Unión debe establecer un mínimo legal protegido para el gasto en formación inicial docente que no pueda ser sacrificado en reasignaciones presupuestales.
Los jóvenes que consideran la docencia como opción necesitan incentivos reales: becas para normalistas que se comprometan a servir en comunidades rurales e indígenas, programas de acompañamiento en sus primeros años de ejercicio, acceso a vivienda digna en sus zonas de adscripción y trayectorias de desarrollo profesional que hagan atractiva la carrera a largo plazo. La docencia en zonas de alta marginación necesita reconocimiento diferenciado en los hechos.
Y sobre el fondo fiscal, la autoridad tiene que asumir públicamente que el crecimiento del gasto pensionario tiene un costo de oportunidad educativo real. Diseñar mecanismos compensatorios que protejan la inversión en formación docente de esa presión es una decisión de justicia con los estudiantes que hoy están en las aulas y con los que entrarán a ellas en la próxima década.
La UNESCO ha advertido que el mundo enfrentará un déficit de 44 millones de docentes hacia 2030. América Latina necesita 3.2 millones de esos maestros. México es parte de esa estadística. UNICEF México considera urgente fortalecer las capacidades de los docentes, tanto quienes actualmente están frente a grupo como quienes están en formación, con especial atención a las escuelas indígenas y en áreas remotas. Esas advertencias internacionales describen una realidad que en Michoacán, Oaxaca, Chiapas o Guerrero se vive en las aulas cada mañana.
De cara al 2027, las preguntas que la ciudadanía organizada debe formular a aspirantes a candidatos y funcionarios son tres: ¿Cuántos docentes necesita México en los próximos diez años? ¿Cuántos se están formando hoy? ¿Qué plan existe para cerrar esa brecha?
El envejecimiento del magisterio mexicano es el resultado previsible de décadas de política que contrajo las normales sin construir alternativas para el relevo. Se cosecha lo que se sembró. Pero la cosecha está ocurriendo ahora, y las niñas y niños en las aulas más pobres del país son quienes cargan con el peso de esa deuda.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de escuchar al magisterio con toda la seriedad que el momento demanda, así como de responder con una agenda que ponga a los estudiantes, y especialmente a los más vulnerables, en el centro de cada decisión.
Ese es el único termómetro que vale para medir si el diálogo que viene será histórico o será, simplemente, otro episodio más de una conversación pública con agendas confidenciales. Al tiempo.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
