Morelia, Mich; a 24 de junio del 2026.- El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán aseguró que estará en la próxima boleta electoral y reiteró su intención de buscar la presidencia municipal de Morelia, luego de que se filtrara una resolución del Tribunal Anticorrupción y Administrativa de Michoacán que lo inhabilita por una presunta responsabilidad administrativa derivada de su paso por la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno del exmandatario Silvano Aureoles Conejo.
En entrevista con medios de comunicación, el legislador de Morena minimizó el alcance de la resolución al señalar que se trata de una sentencia de primera instancia que aún puede ser impugnada y que, en caso necesario, recurrirá al amparo ante tribunales federales.
Barragán aseguró que el caso ya había sido atendido con anterioridad y que, de manera “inexplicable”, fue reactivado y reclasificado con la intención de construir una narrativa política para hacer creer a la ciudadanía que se encuentra suspendido de sus derechos político-electorales.
“Nosotros vamos a estar en la boleta electoral; lo único que tratan de hacer es afectarnos políticamente y eso lo vamos a combatir”, afirmó.
El legislador acusó que existe una “consigna política” en su contra promovida desde Casa Michoacán y vinculó la reactivación del expediente con la publicación de la convocatoria interna de Morena y con el registro de la aspiración del senador Raúl Morón Orozco.
Asimismo, señaló que la resolución fue emitida por la magistrada Swany Peña, esposa del diputado Juan Pablo Celis, con quien reconoció haber mantenido diferencias políticas, por lo que recordó que previamente había solicitado que la juzgadora se excusara del caso.
“Sentimos un tema de revancha política. Yo tengo respeto por el diputado y por la magistrada, pero me queda claro que esto viene desde Casa Michoacán y responde a los intereses del propio gobernador”, afirmó.
Barragán aseguró que no existe desvío de recursos y que los apoyos observados fueron destinados a becas para hijos de policías caídos en cumplimiento de su deber, menores en situación vulnerable atendidos por el DIF estatal y jóvenes de comunidades modelo, programas que, dijo, operaban desde administraciones anteriores y cuyos pagos están plenamente comprobados.
Indicó que cuenta con las actas, comprobantes y documentos de entrega-recepción que acreditan la correcta aplicación de los recursos y denunció que hubo ocultamiento de pruebas dentro de las administraciones posteriores.
Explicó que la sentencia aún no está firme y que este domingo presentará un incidente ante el Tribunal Anticorrupción y de Justicia Administrativa, mientras que la próxima semana interpondrá los recursos correspondientes. De ser necesario, acudiría al amparo ante la justicia federal, proceso que podría prolongarse entre ocho meses y un año más.
El diputado aclaró que la resolución no le impide desempeñar su cargo como legislador y recordó que cuenta con fuero constitucional, por lo que cualquier procedimiento adicional tendría que esperar a la conclusión del litigio.
“En dos años ya no seré diputado, seré presidente municipal”, expresó.
Finalmente, sostuvo que en Michoacán existe una “justicia selectiva” y comparó su situación con los casos del senador Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel y el alcalde de Uruapan, Ignacio Campos, quienes, afirmó, también fueron objeto de intentos de persecución política que no prosperaron.
“Estamos plenamente convencidos de que este asunto es político, que lo vamos a ganar, que tenemos la razón jurídica y las pruebas suficientes para demostrarlo. Vamos a estar en las boletas”, concluyó.
