Por GERARDO A. HERRERA PEREZ

Presentamos algunos comentarios sobre las violaciones graves a los derechos humanos en México que refiere el Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional:
Policía y Fuerzas de Seguridad. El Informe confirma que se produjo un incremento significativo del número de homicidios, con 42.583 registrados en todo el país. Se trata de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012.
Detención y Reclusión Arbitrarias: el Informe 2017/2018 expresa que las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza.
Con relación a la violencia de mujeres y niñas, se informa que ésta es generalizada. Las investigaciones en el Ministerio Público, continúan siendo deficientes y los generadores de la violencia sin castigos. No se dispone de datos actualizados sobre los feminicidios. Sin embargo, datos oficiales de 2016 indicaban que a 2.668 mujeres se les consideraba víctimas de homicidio, a falta de más investigaciones.
En 12 estados de la República, se cuenta con el mecanismo “alerta de violencia de género contra las mujeres”. Al finalizar 2017, continúa sin demostrarse que los mecanismos de alerta han reducido la violencia contra mujeres y niñas.
Las personas LGBTTTI, expresa el Informe que, en 12 entidades, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio sin recurrir a procedimientos judiciales, pese a que la Suprema Corte de Justicia confirma los derechos a contraer matrimonio y adoptar niños sin discriminación.
Derechos DESC, como se sabe, en México, durante el mes de septiembre se produjeron dos terremotos que tuvieron un fuerte impacto en zonas muy amplias, principalmente en el centro y el sur de México. Más de 360 personas murieron; en la Ciudad de México, la mayoría de las víctimas mortales eran mujeres. El Informe relata que según las cifras oficiales, más de 150.000 viviendas se vieron afectadas y al menos 250.000 personas se quedaron sin hogar.
El gobierno aplicó medidas de rescate de sobrevivientes y de atención de emergencia, con la participación de civiles, militares y de la comunidad internacional. Sin embargo, hubo varios informes sobre una inadecuada coordinación entre distintas autoridades, datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres, incautaciones ilegales de alimentos y otros servicios esenciales que debían llegar a los sobrevivientes, y entregas insuficientes de ayuda a muchas zonas devastadas, especialmente en comunidades pequeñas y empobrecidas.
Respecto a defensores de derechos humanos y periodistas, el Informe expresa que continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Precisa que perdieron la vida al menos 12 periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000.
Personas refugiadas y migrantes: en el periodo de enero y agosto de 2017, se presentaron un total de 8.703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35% en 2016 al 12% en 2017.
Por otro lado, en el periodo de enero y noviembre de 2017, 88.741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74.604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación.
Desapariciones forzadas. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (padrón oficial), indicaba que seguía sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34.656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres). Continúa pendiente esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El informe indica que las Ejecuciones Extrajudiciales no se investigaban adecuadamente, y quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad. Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. No se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.
Se continúa cometiendo tortura por parte de agentes públicos, siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente. La Procuraduría General de la República reportó 4.390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.
Sin duda alguna, mucho por hacer por parte de los Órganos Autónomos de Derechos Humanos y de los organismos de la sociedad civil, acompañado de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes ya cuentan con el diseño de política pública en ésta materia.