Morelia, Mich. 24 de diciembre 2021.- El Pleno del Congreso del Estado votó a favor del Decreto mediante el cual se autoriza al H. Ayuntamiento de Morelia, la contratación de financiamiento y operaciones relacionadas y la afectación de las participaciones federales como fuente de pago, por un monto de hasta 367 millones 500 mil pesos, para destinarlo a inversiones públicas productivas, constitución de fondos de reserva y a los gastos y costos relacionados con la contratación del financiamiento, a fin de que sea contratado en los ejercicios fiscales 2022 y otro por la misma cantidad para el 2023.

Mediante dos decretos elaborados por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública, se autorizó al H. Ayuntamiento de Morelia, por conducto del Ayuntamiento, para que los contraten con la o las instituciones financieras del Sistema Financiero Mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

De igual forma, definieron que los recursos que se obtengan por la contratación de ambos financiamientos deberán destinarse en cada ejercicio fiscal, hasta por la cantidad de 350 millones de pesos a las inversiones públicas productivas como es la ampliación, remodelación, mantenimiento y/o reparación integral del Centro de Convenciones, el Mercado Gastronómico Centro y del Centro Administrativo, y equipamiento de los mismos, así como a la rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción y reparación de la infraestructura vial, incluyendo la rehabilitación de diversas vialidades de la Ciudad de Morelia y la modernización de la red de semáforos.

En una segunda etapa, aplicarlo en equipamiento en calles, parques y jardines; recuperación de espacios públicos; así como a la ampliación, remodelación, mantenimiento y/o reparación integral de la red de ciclovías.

También establecieron que hasta la cantidad de 17 millones 500 mil pesos deberán destinarse a la constitución de fondos de reserva de los créditos, y a los gastos y costos derivados de la contratación de los financiamientos.

El Pleno del Congreso del Estado decretó que los contratos de créditos que se celebren en términos de dicho Decreto podrán tener un plazo de hasta 15 años, contados a partir de la primera disposición de cada contrato de crédito o de su fecha de suscripción, según se estipule en los contratos respectivos.