PorArmando Saavedra
DEL 22-11-18
OPORTUNISMO CON LA DESGRACIA
Nada raro ha sido, que en nuestra sociedad haya personas que sacan raja política de la desgracia de los demás. Los casos más frecuentes se presentan cuando la población es víctima de algún fenómeno meteorológico, un sismo o cualquier desgracia parecida, en la que presuntos “ayudadores” hacen acto de presencia, sacándose fotos y videos, presumiendo que son activistas sociales y prestan ayudas al necesitado.
De verdad, creo, que no hay nada más despreciable en la condición humana, que aquel que saca esa raja política de la desgracia ajena, sin embargo, hay otro tipo de especímenes, cuya forma de medrar es más elaborada y aparenta una gran dosis de solidaridad humana, empero, solo se trata de un ejercicio de vileza humana.
CASO JESÚS REYNA
Bien identificados aquellos cuya pertenencia política estaba declarada, no del momento, sino de muchísimo tiempo atrás, los que, con lealtad al jefe y al amigo, guardaron compostura, discreción y solidaridad, haciendo ruido cuando se juzgó necesario, pero en la mayoría del tiempo, discreción y silencio.
Hoy, cuando la etapa procesal así lo indica, JESÚS REYNA GARCÍA está en estado de sentencia y, por lo tanto, con la altísima probabilidad de ser absuelto de las acusaciones y, en consecuencia, recobrar la libertad, pero todo, producto de la paciencia, de la discreción, del arduo trabajo jurídico y, sobre todo, de la solidaridad de sus afectos.
¿AMNISTÍA PARA JESÚS?
En los últimos días han corrido rumores sobre la situación jurídica del ex gobernador michoacano, rumores que más que ayudar, perjudican, entre ellos, alguno que señala que la clase dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA- le han visitado en el lugar donde se encuentra privado de su libertad, con la intención de “ofrecerle” ser incluido en el programa de “amnistía” que el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al parecer implementará al iniciar su gobierno.
No sé qué tan cierto sea que haya habido tal “ofrecimiento”, pero de serlo, me parece desde todos puntos de vista desafortunado, por la simple razón de que sí JESÚS REYNA GARCÍA aceptara participar de un programa de “amnistía”, implicaría la tácita aceptación de tener responsabilidad penal en los hechos que se le imputan.
Hasta donde este escribidor conoce del expediente penal que se instruye en contra de REYNA GARCÍA, se decretó cerrada la instrucción, se celebró la audiencia final y ya se encuentra en estado de sentencia, la que puede ser dictada por el juzgador en cualquier momento, pero, además, las conclusiones presentadas por el fiscal adscrito al juzgado, parecieran ser no acusatorias, claro guardando las formas, pero infieren la no culpabilidad del inculpado.
Es en esa tesitura, que para este escribidor resulta por demás oportunista, el ahora pretender sujetarle a un procedimiento de amnistía, cuando ni siquiera se ha dictado la sentencia respectiva y que ésta fuere condenatoria, sobre todo, atendiendo a la definición de AMNISTÍA: “Perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos.”
En ese sentido, pretender “amnistiar” a JESÚS REYNA GARCÍA en este momento, implicaría atribuirle la calidad de “preso político”, víctima de un estado represivo, que estaría contando con la complicidad del poder judicial federal, al someter a juicio a un inocente, circunstancia que descalificaría a dicho poder de la unión.
GENERARÍA UNA “DEUDA MORAL”
Es curioso, pero a partir de que el juicio penal instruido en contra de JESÚS REYNA ha concluido y el juzgador está listo para dictar sentencia, han empezado a aparecer “gestores”, “cabilderos”, “defensores oficiosos”, con la finalidad de poder convertirse en los salvadores del abogado nicolaita, pues ser derechoso de una deuda moral como esta, pudiera producir grandes regalías, de ahí el interés manifiesto.
Finalmente, solo un pequeño detalle: En opinión de este escribidor, la potencial posibilidad de que el licenciado JESÚS REYNA GARCÍA recobre su libertad, se deberá única y exclusivamente al impecable trabajo del equipo jurídico que ha llevado a cuesta la defensa del nativo de Huetamo, ni más, ni menos, todo lo demás, incluyendo la paranoia de la “amnistía”, resulta ser oportunismo puro.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, OTRO ENGAÑO
Hace días, el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, sufrió una de las más dolorosas derrotas en la corta existencia del SEA en Michoacán, al ser rechazada la propuesta de verificar la veracidad de algunos informes conocidos en la presa nacional e internacional, relativos a posibles actos de corrupción en la construcción de la Presa Francisco j. Múgica.
Dentro de la escandalosa investigación sobre sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos de varios países de Latinoamérica, a cambio de conseguir el otorgamiento de jugosos contratos de construcción de obra pública, salió a relucir que, en el caso de Michoacán, la empresa brasileña habría dado sobornos a funcionarios de las administraciones estatales de LÁZARO CÁRDENAS BATEL y de LEONEL GODOY RANGEL.
En esa tesitura, el presidente del SEA RAFAEL VILLASEÑOR, propuso al pleno del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, verificar la veracidad de dicha información y de ser cierta, proceder a aperturar una investigación al respecto, empero, parece que les picaron la cola a los integrantes de dicho comité, los que de inmediato, votación de por medio, rechazaron que se verificara dicha información y mucho menos se abriera una investigación.
¿PORQUÉ VOTARON EN CONTRA?
De entrada, suena inexplicable, el que los integrantes de dicho comité coordinador hayan votado en contra de algo tan natural para un sistema anticorrupción, como lo es investigar posibles actos de corrupción sobre recursos públicos del estado, sin embargo, pareciera que la causa del voto en contra, son los personajes objeto de una posible investigación, pues se trata de los ex gobernadores LÁZARO CÁRDENAS BATEL y LEONEL GODOY RANGEL.
Y es que los integrantes del multicitado “comité” son los siguientes funcionarios públicos: MARCO ANTONIO FLORES NEGRETE, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; FRANCISCO HUERGO MAURÍN secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán; ARTURO BUCIO IBARRA Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; DANIEL CHÁVEZ GARCÍA, Comisionado Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
También forma parte del citado “comité”, ALEJANDRO CARRILLO OCHOA Fiscal especial en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, así como dos contralores municipales cuyos nombres se desconocen, pero que al igual que los demás miembros del “comité” votaron en contra de la verificación de la citada información.
Si las cabezas del sistema michoacano de procuración e impartición de justicia, sin argumentos válidos, negaron la posibilidad de investigar actos de corrupción, ¿qué futuro le depara al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán? Seguramente en convertirse en una institución de simulaciones y promotora del mayor cáncer que sufrimos los mexicanos: La Impunidad.
Lo de PACO IGNACIO TAIBO II, preludio de los excesos legislativos y confirmación de la absoluta sumisión de los diputados.
