Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2022. En México “más del 70 por ciento de la ciudadanía piensa que se puede combatir la corrupción efectivamente, con la participación de la sociedad civil. Son los grandes actores de este proceso”, expuso el magistrado Sergio Mecino Morales.
El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán Ciudadanía, relevante en la lucha anticorrupción (TJAM) refirió lo anterior, cuando habló sobre los cambios realizados en años recientes a las leyes mexicanas, en el marco del combate institucional a la corrupción: un proceso que alcanza unos siete años, en los cuales los ciudadanos se han convertido en un factor relevante.
Y no sólo como denunciantes de hechos de corrupción, o incluso como responsables punibles de los mismos –por primera vez, “pueden ser sancionados en materia administrativa por faltas graves como el soborno”, recordó–, sino como actores proactivos dentro del esquema del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus símiles en las entidades federativas.
Sobre esto y otros temas expuso el magistrado Mecino Morales, durante su ponencia en el Diplomado: “Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas”, que ofrece la Secretaría de Finanzas y Administración, vía su Dirección de Profesionalización, en coordinación con el Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas en el Estado de Michoacán.
Ahí, en formato virtual, el magistrado titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM ofreció un amplio panorama de lo ocurrido en México, a raíz de las reformas constitucionales de 2015 que dieron origen al SNA y los Sistemas Estatales Anticorrupción.
Enfatizando el carácter jurídico de tal proceso, el magistrado comentó también la creación de Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, la jurisdicción especializada que se ha concedido a los Tribunales de Justicia Administrativa para resolver en esta materia y, sobre todo: la posibilidad de que los Poderes del Estado, los órganos autónomos y la propia ciudadanía puedan trabajar en conjunto para erradicar el fenómeno en nuestro territorio.
Por otra parte, relató las responsabilidades y principios a seguir por parte de las personas servidoras públicas, destacando que “existen directrices que, de ser cumplidas, pueden evitar la existencia de sanciones por faltas graves y hechos de corrupción”. Tales son: la satisfacción del interés colectivo; la administración eficiente y transparente de los recursos públicos, y la promoción y cumplimiento de los Derechos Humanos, entre otras.
Por último, el magistrado Mecino Morales explicó a las y los asistentes al Diplomado qué es un Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, cuándo aplica y quiénes intervienen en él, pues se trata de la principal herramienta para que los hechos de corrupción y las faltas graves puedan sancionarse ante órganos jurisdiccionales como el TJAM.
