Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2018. Las actividades de capacitación emprendidas constantemente por el Poder Judicial de Michoacán, a través del Instituto de la Judicatura, aportan a la profesionalización del personal jurisdiccional y a seguir brindando un servicio eficiente a los justiciables.
Es así que para actualizar el conocimiento de quienes están involucrados con la impartición de justicia para personas menores de edad, inició el Diplomado de especialización para jueces de ejecución de sanciones penales y facilitadores (en reserva) en el sistema integral de justicia penal para adolescentes.
El programa que consta de 110 de horas de capacitación está dirigido a jueces de ejecución de sanciones y facilitadores en lenguas indígenas -tanto en activo como en reserva-, así como a mediadores, conciliadores y facilitadores en reserva.
En él se incluyen módulos como Psicología del niño y del adolescente; Sistema de justicia integral para adolescentes; Criminología en el ámbito de menores infractores y Debido proceso penal acusatorio, impartidos tanto por magistradas como por magistrados penales y especialistas en psicología.
Uno de los objetivos del mismo es que los participantes conozcan de manera integral los fundamentos sustantivos y adjetivos de las decisiones judiciales en esta materia, además de que profundicen en el estudio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Al mismo tiempo, está encaminado a facilitar la actualización jurídica que prevé la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, respecto de la ejecución de sanciones penales y para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias.
El diplomado cobra relevancia ya que la Convención sobre los Derechos del Niño -ratificada por el Senado de la República en 1990- contiene un amplio catálogo de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, que deben aplicarse en sede judicial. Los nuevos retos en este sistema de impartición de justicia se derivan también del reconocimiento de las personas menores de 18 años como sujetos de derecho.
