Morelia Mich a 17 de enero del 2019.- Por congruencia, el nuevo fiscal no debe tener afinidad con gobierno del estado ni con el legislativo.
Morelia, Michoacán a 17 de enero de 2019.- El papel que desempeñará el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán será clave en la impartición y procuración de justicia en el estado; por ello, en el marco de la búsqueda para eliminar de fondo el problema de la corrupción que evidentemente existe en la procuración de ésta (justicia), y por estricto sentido a la congruencia y a la ética que se debe tener para éste papel, el nuevo Fiscal no debe tener vínculos de trabajo directos con el gobierno del estado ni con el legislativo, mencionó el diputado Sergio Báez Torres, coordinador de la comisión de gobernación del Congreso del Estado de Michoacán.
Michoacán es uno de los focos rojos en el país en cuanto a seguridad se refiere, por ello es que los diputados de Morena no permitiremos que la Fiscalía sea ocupada por un perfil a `modo´ para el gobierno del estado o para intereses en el legislativo, “necesitamos un perfil que sea capaz de administrar y responder por la procuración de justicia de forma imparcial y equitativa a todos los michoacanos”, mencionó el legislador representante de Morena.
El tiempo para la recepción de solicitudes de aspirantes al cargo venció apenas a las 20:00 horas de este miércoles y fueron recibidas un total de 35 expedientes, entre los que destaca que de última hora fuera incluido el del hasta hace unas horas diputado perredista Adrián López Solís y el actual procurador del estado, Martin Godoy Castro, figuras claramente relacionadas y afines al gobierno del estado; por lo que no queda más que trabajar en que el procedimiento se lleve a cabo de forma transparente y unilateral, aunque estén claramente marcados los intereses políticos, señaló Báez Torres.
Apegado a ello, trabajamos también el tema de la nueva ley fiscal, misma que en la pasada legislatura fue armada con varias deficiencias que tenemos que corregir con el fin de otorgar las garantías legales que corresponden a la ciudadanía, así como de evitar vacíos o ambigüedades que puedan repercutir en el momento de impartir justicia, finalizó el diputado.
