Morelia,Mich; a 5 de diciembre del 2025.-Las protestas encabezadas por cinco sindicatos del sector salud se sostienen sobre exigencias que no tienen respaldo legal y que rebasan por completo las facultades de la administración estatal, y aunque las dirigencias sindicales insisten en presentar el conflicto como responsabilidad estatal, sus solicitudes pertenecen exclusivamente al ámbito federal, coincidieron diputadas y diputados.
En la entidad existen 20 sindicatos de salud, pero solo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud —el mayoritario— tiene facultades legales para negociar derechos colectivos y condiciones generales. Estas condiciones, además, son pactadas únicamente con la Federación, no con el estado. Los grupos movilizados, por lo tanto, carecen de atribuciones y de representación jurídica para exigir modificaciones en la estructura laboral.
Los trabajadores que participan en las manifestaciones cuentan ya con todas las prestaciones constitucionales y legales garantizadas por el ISSSTE. Sin embargo, reclaman beneficios que no aparecen en las Condiciones Generales de Trabajo ni en el marco laboral aplicable. En consecuencia, ninguna autoridad estatal puede otorgarlos, pues hacerlo implicaría violar la ley, comprometer recursos públicos sin sustento y generar un precedente de presión sindical fuera de norma.
La federalización del sistema de salud, mediante la transferencia de hospitales y centros de atención a IMSS-Bienestar, dejó en manos de la Federación la operación, el personal, las plazas y los procesos de escalafón.
La autoridad estatal carece de facultades para pagar prestaciones que no existen en la ley, que no están presupuestadas y que no forman parte de las Condiciones Generales de Trabajo. Resulta jurídicamente imposible y financieramente inviable cubrir beneficios que no han sido aprobados por la autoridad competente y que no cuentan con respaldo legal. Insistir en ello desconoce la normatividad vigente y busca generar presión política sin sustento.
Para las y los diputados las demandas de los sindicatos movilizados no tienen razón de ser, no están en la ley, no forman parte del contrato laboral, no están presupuestadas, y no corresponden al ámbito estatal. La Federación es la única instancia facultada para atender las 25 peticiones que plantean, previa certificación sindical ante los órganos laborales competentes.
Asimismo los diputados consultados aclararon que ellos no pueden etiquetar recurso extras para asumir responsabilidades federales, ni violentar la Ley Federal de Trabajo, ni el contrato colectivo.
