¿CONFLICTO PRELECTORAL?
Antonio TENORIO ADAME
México, lejos de avanzar en la certeza en los resultados de las elecciones, se mantiene en la desconfianza y la duda. además de anticipar el fraude en 2024, a través del control o desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).
POR LA NEGATIVA
El preludio de la jornada electoral presidencial de 2024 se impugna desde la desconfianza. Se camina a paso “de cangrejo”; en lugar de avanzar se retrocede al anticipar que el fraude electoral se prepara antes de los comicios.
Se cierra el círculo del conflicto electoral desde lo imaginario, a partir de que en el presente se inserta el conflicto electoral con anticipación, como los revelan las sendas marchas (y contra marchas) que desbordaron el zócalo.
Ahora se mantiene la vigilia de la sentencia de la Corte para anular su vigencia con la declaración de anticonstitucional.
POR LA NEGATIVA
La historia de la elecciones en México desde sus primeros tiempos hasta el presente han seguido la órbita del conflicto sin cesar.
Desde las elecciones parroquiales para elegir a los diputados a Cortés de Cádiz en 1810 se dieron los primeros brotes de denuncias de irregularidades en los comicios de MIchoacán.
Desde el pasado hasta el presente ha persistido la desconfianza; México ha transitado sin cesar en ese clima de duda sembrada que alimenta la animadversión al adversario, con o sin razón, tal ocurre en el presente, donde la referencia al despojo electoral del 2006 se esgrime recurrentemente.
Mientras que en el ámbito institucional se han instrumentado una serie de reformas a las leyes electorales, alrededor de siete, a partir de 1977.
Se ha caminado en una senda de aproximaciones de cubrir las deficiencias y lagunas que dieran lugar a la manipulación de los resultados de casillas, tales como: la credencial con fotografía, control y renovación del padrón electoral, ciudadanización del órgano electoral y sus autoridades, financiamiento público de campañas para impedir la injerencia de recursos oscuros, etc., así se ha mejorado el proceso electoral.
Se trata de un recorrido desde el surgimiento del partido de Estado con la creación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, hasta culminar con el Partido Revolucionario Institucional, en 1945, organización que mantuvo la hegemonia unipartidista hasta 1988 al enfrentar a Cuauhtémoc Cárdenas .
El proceso de mejorar la contienda electoral hacerla más transparente y segura ha sido gradual y siempre mejorando, en los casos de reconocidos y probados fraudes de Estado se respondió con reformas que atendían las quejas cuyas resonancias se dejaban sentir en la Corte Interamericana de San José y otros organismos supranacionales, donde la fuerza de los convenios internacionales escuchó la voz de queja activa.
POR LA AFIRMATIVA
El desenlace por controlar al INE por vía de su transformación a la austeridad y reducción de presupuesto y funciones contenidas en el alterno “B”, depende de cinco leyes ahora en espera de la sentencia que emita el ministro Alberto Pérez Dayan al pleno de ministros de esta primera parte del “Plan B” electoral”.
Las reformas introducidas a las cinco leyes secundarias y la expedición de una, por lo que la primera parte avalada por legisladores de Morena y aliados sólo incluye dos de ellas que son la Ley General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera etapa del Plan “B”.
El INE estima invasión de facultades legales, además de promover un juicio de inconstitucionalidad por presunta violación de principios constitucionales; hay otras controversias más, entre ellas 125 similares de gobiernos estatales y municipales.
La Corte emitirá el falló sobre el Plan “B” de Morena en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo y la presidenta del Poder Judicial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien a partir de su reciente elección ha manifestado una postura lejana al interés de Palacio Nacional. Los focos rojos se encendieron,
como se advierte en la declaración del presidente López Obrador sobre la ministra Presidenta de la Corte, ” apenas llegó se desató una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes”. Así como le incomoda la liberación de bienes del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al “proteger a los corruptos y a las élites de los poderes económico y político”.
López Obrador considera que la ministra Piña Hernández favorece el libertinaje de jueces, a quienes apoya con sus declaración de ” formalismo extremo, como si fueran omnímodos los jueces, ( creen) que son autónomos , que pueden hacer lo que quieran”.
En la contra parte de este creciente conflicto los jueces y abogados piden al Presidente mantener el respeto al poder judicial.
Ante el desorden y falta de control en el Poder Judicial, se demanda que se revisen las resoluciones judiciales, con una reforma al Poder Judicial, que reconoce el Presidente de la República no ha podido realizar, al expresar con contundencia, que el Consejo de Judicatura “está de florero” porque no ha sido capaz de enjuiciar a ningún juez.
PARA PROMULGAR SU VIGENCIA
La larga lucha por depurar los comicios electorales en el país revela los problemas fundamentales ocultos que permanecen sin ser abordados.
La reforma electoral que hoy se pretende responde en parte a problemas que subsisten y es posible su corrección, pero también se mantienen ocultas otras contradicciones que profundizan la desigualdad como es la centralización de los órganos electorales que son contrarios a un sistema federal de gobierno.
Los estados han sido despojados de sus facultades originarias de organización y control de sus elecciones sin que esta tendencia sea denunciada por sus efectos regresivos.
Además, no se explica cómo la propuesta de soluciones a una situación irregular o dañina, como pueden ser omisiones o excesos del INE, se transforme en un conflicto con el Poder Judicial.
Porqué las propuestas deben ofrecer soluciones no generar más problemas.
Al menos eso es lo deseable.
