Antonio TENORIO ADAME

Por Antonio Tenorio Adame

  • ¿El debate del autoritari

 

Si es cierto que en política no hay casualidades, es posible entender que el ex presidente Ernesto Zedillo esperaba a la clausura de sesiones ordinarias del Congreso para exigir se investigue la administración de AMLO en la destrucción del aeropuerto, que estaba a punto de terminar de construir, así como las obras de Dos Bocas y el Tren Maya.

 

Las Minorías por la crítica.

 

Los efectos alcanzados por la denuncia fueron evitar que el Congreso atrajera el debate, a la vez apagar los puntos medulares de su periodo ordinario, como la postergación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que fue devuelta a Comisiones, así como se diera el informe de la seguridad nacional, y la reforma a la Ley de Armas, entre otros temas.

 

A la vez, la intención del ataque del expresidente Zedillo no era otro que elevar el debate abierto, tuvo la respuesta de la presidenta Sheinbaum, objetivo logrado al conseguir tres veces la réplica de la Presidenta, un acontecimiento desmedido en el transcurso de la vigencia del sistema del presidencialismo.

 

Ya en el pasado inmediato durante su mandato, Andrés Manuel López Obrador mantuvo un intercambio de reclamaciones mutuas con su homólogo Felipe Calderón, la confrontación se mantuvo hasta que éste optó por el repliegue.

 

En el pasado lejano en la etapa de control callista se experimentó “el maximato”, que consistía en las críticas del “Jefe máximo”, el expresidente Plutarco Elías Calles, que vertía sobre la actividad presidencial, un dominio que puso fin al presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien lo obligó a salir del país. Una medida de consideración, medida en una época donde el exterminio físico era común.

 

El régimen del presidencialismo se caracterizó por ser un sistema de partido único y hegemónico, donde el Jefe de Nación y de Gobierno, era jefe de partido, como también mantenía el poder de nombrar a su sucesor. Así garantizaba la impunidad de los ilícitos cometidos durante su mandato.

 

Durante la Segunda Guerra Mundial se promulgaron leyes de seguridad para evitar actos de sabotaje; fue como se puso en vigor “el delito de disolución social”, cuya sombra propició la represión de: control electoral, partidos políticos, laborales, y derechos sociales, abriendo paso a detenciones, prisiones, masacres, homicidios, desapariciones, incluso su aplicación llegó a cubrir la “guerra fría”, lo que generó en 1961, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional, mpulsado por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

 

El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) tuvo de inmediato un contestatario auspiciado por intereses oficiales y de orden anticomunista, el Frente de Afirmación Cívica (FCA), su dirección nacional fue asumida por otro expresidente de la República: Miguel Alemán Valdés, además entre sus principales alfiles se encontraba otro ex mandatario, Emilio Portes, Gil.

 

Ambos organismos, MLN y FAC, mantuvieron una lucha, opositora, abierta, declarada e irreconciliable; contando siempre el bando pro gobierno e imperio el acceso a los medios masivos de comunicación, mientras que la lucha contestataria se realizaba por medio de la movilización social, alcanzando su expresión en movimientos cívicos en algunas regiones del país, ocupación de tierras para exigir el reparto justo de la tierra y el ejercicio, la huelga por los sindicatos obreros independientes. Es decir, una lucha relativamente precaria por los riesgos que representaba la represión del uso de la fuerza pública, hasta que sus abusos de poder empuñados quedaron repudiados por el M68.

 

Las Mayorías en apoyo al régimen.

 

Posterior al sangriento drama de Tlatelolco del 2 de octubre, a fines del régimen de Luis Echeverría, se dio paso a la integración de una Legislatura de corte plural, donde se incluían a diversas personalidades y líderes de opinión con participación en la lucha de la movilización social universitaria, una característica de la L Legislatura.

 

La iniciativa de reforma política para un pluralismo de partidos, abría la inclusión de partidos, históricamente marginados, y en ocasiones obligados a la ilegalidad; de tal suerte, el Código Federal de Instituciones de Partidos Políticos y Procesos Electorales, COFIPPPE, propició la apertura política de integrar en los procesos de elección a todas las manifestaciones ideológicas y de militancia.

 

Esta es la entrada de lo que se llamaría posteriormente la reforma democrática plural de la Nación.

 

En la sucesión presidencial de 1987 se formó la Corriente Democrática, “por una Nación, independiente, justa, libre y productiva”.

 

El nuevo órgano político disputaba inicialmente la atribución del Presidente de nombrar a su sucesor y derivó en una coalición de partidos, como: el Auténtico de la Revolución Mexicana; el Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, el Popular Socialista y el Socialista Unificado Mexicano.

 

Las elecciones presidenciales de 1988 fueron muy competitivas entre los candidatos Cuauhté