Erik Avilés
Este 3 de julio, la mañanera presidencial se instaló en Morelia y Michoacán volvió a ser, por una mañana, la vitrina nacional del Plan Michoacán. El gobernador celebró las becas Gertrudis Bocanegra, presumió que se paga puntual e íntegramente cada quincena al magisterio y anunció que el estado está por “cerrar su cuarto ciclo escolar completo”. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, desglosó cifras: 842 mil 287 becarios en el estado y 5 mil 700 millones de pesos en apoyos entre las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum cerró el tema asegurando que se firmó “un convenio de largo plazo para que no le falte dinero al estado de Michoacán para pagar todo lo que le tiene que pagar a los profesores”.
Todo eso es cierto: son cifras que existen, becas que se entregan, obras que se anuncian. El problema no es lo que se dijo en Morelia. El problema es lo que se dejó exactamente fuera del radio de la conferencia matutina: la minuta SEP-SEE-CNTE del 24 de junio, firmada apenas nueve días antes en el Salón Benito Juárez de la Ciudad de México, que define cómo se van a repartir plazas, adscripciones, recategorizaciones y compensaciones en el sistema educativo michoacano, y que nadie en el templete de Morelia mencionó.
Puestos uno junto al otro, el discurso de la mañanera y el contenido técnico de la minuta con la CNTE no se contradicen: se completan de una manera que conviene mirar con cuidado. Cuando la presidenta afirma que el convenio de largo plazo garantiza que “no le falte dinero al estado” para pagar salarios y prestaciones, se refiere en los hechos al Convenio U080, el mismo que el propio reporte técnico describe como estructuralmente vulnerable: no está presupuestado de origen, depende de una negociación anual, y de los 4,580 millones de pesos que la Federación aporta, cubre solo el 35% del costo real de la nómina educativa. El otro 65% lo absorbe el estado. La meta declarada de transitar a un esquema paritario 50/50 sigue siendo, once meses después de cada promesa similar, exactamente eso: una meta.
Cuando el gobernador presume puntualidad quincenal, no hay motivo para dudar del hecho aislado. Pero ese pago puntual convive con una estructura donde los Servicios Personales del sector educativo se llevan una porción rígida y creciente del gasto estatal, y donde 22 bonos extra-salariales históricos, por 1,437 millones de pesos, consumen más del 57% de todo el incremento presupuestal asignado a la Secretaría de Educación para 2026. Es decir: de cada peso adicional que se anunció como refuerzo educativo, más de la mitad ya estaba comprometido antes de llegar al aula, absorbido por compensaciones heredadas de administraciones anteriores. La mañanera muestra la fachada de la puntualidad; el reporte técnico muestra la fontanería que la hace posible, y esa fontanería está bajo presión.
Hay un dato que ninguno de los oradores en Morelia pronunció y que resulta más relevante que cualquiera de los que sí dijeron: la minuta del 24 de junio identifica a la entonces secretaria de Educación en Michoacán. La dependencia opera hoy sin titular. Y es precisamente en esas mesas técnicas donde se van a resolver los Formatos Únicos de Personal en Código 10, las órdenes de adscripción de carácter ilimitado, las recategorizaciones de clave y la asignación de plazas estatales para el personal de apoyo y asistencia a la educación.
Ese vacío de conducción, combinado con la ausencia de criterios públicos es la variable que decide quién entra a la nómina base, quién asciende de categoría y quién recibe una plaza, en el sistema educativo de un estado que en once meses elegirá nueva gubernatura.
Repartir 5,700 millones de pesos en becas y construir bachilleratos en Zacapu y Morelia debe ser considerado política pública legítima. La pregunta pertinente, a once meses de la elección de 2027, es otra: ¿quién controla la otra mitad del sistema, la que no se anuncia en una mañanera porque no es una transferencia a familias sino una decisión sobre carreras, plazas y lealtades dentro del magisterio?
La Sección XVIII de la CNTE obtuvo en ese documento algo más valioso que un bono: el compromiso gubernamental de “respetar la vida interna sindical” y una vía de interlocución permanente, justo cuando el estado enfrenta mesas técnicas sin secretario visible y sin criterios de asignación publicados. Esa combinación: autoridad debilitada, sindicato fortalecido institucionalmente y calendario electoral en marcha es el terreno clásico donde la discrecionalidad deja de ser un riesgo teórico y se convierte en moneda de cambio: plazas y recategorizaciones que premian cercanía sindical o electoral en lugar de mérito, en un esquema que USICAMM fue creado, precisamente, para desmontar.
La derrama económica que se presume en Morelia, con becas, bachilleratos y pagos puntuales construye el relato de un gobierno que invierte en educación. Mientras tanto, la negociación laboral que define nombramientos y ascensos avanza en otro canal, sin la misma exposición pública, con una dependencia acéfala y con calendarios (30 de julio) que corren en paralelo al arranque no declarado de la sucesión estatal. No hace falta acusar de un delito específico para señalar el patrón: cuando el manejo de personal y plazas de un sistema que emplea a decenas de miles de personas queda fuera del radio informativo y sujeto a negociación cerrada, el espacio que se abre es exactamente el que históricamente ha alojado aviadores, plazas fantasma y compromisos político-sindicales-electoreros disfrazados de acuerdo técnico.
La primera consecuencia es fiscal: con el 90.46% de los ingresos estatales dependiendo de participaciones federales y con los Servicios Personales del sector educativo actuando como gasto rígido, cualquier compromiso adicional que se pacte con la CNTE o hasta la eventual abrogación de la Ley del ISSSTE o de la Ley General del SICAMM se convierte en un pasivo de largo plazo que el Congreso del estado no ha costeado, ni votado y que la ciudadanía desconoce.
La segunda es institucional: una Secretaría de Educación sin titular, pero que desde ya está autoimpuesta a negociar y a tomar decisiones de personal al filo de la ley sienta un precedente peligroso para cualquier sucesor, sea quien sea electo en 2027 y normaliza que las decisiones más sensibles del sistema educativo se resuelvan en mesas técnicas sin cabeza visible ni responsabilidad clara.
La tercera es política: cuando la comunicación oficial exhibe apoyos y cifras de cobertura mientras oculta el proceso que reparte plazas y categorías, la ciudadanía y el propio magisterio de base pierden la capacidad de distinguir entre política educativa y maquinaria electoral. Y esa desconfianza, lejos de disolverse, alimenta el ciclo de paros y desconfianza que año con año interrumpe el calendario escolar michoacano.
La cuarta, la más silenciosa, es pedagógica: cada peso absorbido por bonos históricos, regularizaciones sin criterio o compromisos sindicales de largo plazo es un peso que no llega al aula. La mañanera puede mostrar transferencias de pago puntuales, en becas y salarios, así como presumir que habrá escuelas nuevas; pero, no puede mostrar, porque no existe todavía, un solo criterio público que explique cómo se van a repartir las decisiones de personal que en julio y agosto definirán la operación real del sistema. Mucho menos, se han transparentado los indicadores educativos que se deberían de estar construyendo.
Por ende, resulta imperativo que, la Secretaría de Educación en Michoacán tenga titular antes del 30 de julio, y que su nombramiento se anuncie con la misma exposición pública que recibió la mañanera de Morelia, para que recaiga en una persona con perfil, experiencia, honorabilidad y sin antecedentes de corruptelas propias ni de su familia cercana, así como tampoco, demostraciones previas de su entreguismo en minutas con facciones sindicales.
También, se debe de publicar el texto íntegro y firmado de la minuta del 24 de junio, junto con las actas que resulten en su momento, de las mesas técnicas del 30 de julio y los criterios técnicos aplicados a cada FUP, adscripción y recategorización. Los michoacanos tenemos derecho a conocer la verdad.
Paralelamente, se debe someter el proceso de regularización del personal directivo sin clave presupuestal, así como la promoción docente, tanto vertical como horizontal y la contratación de personal eventual a una auditoría externa de la Auditoría Superior de Michoacán, con dictamen público y plazos verificables.
La Secretaría de Administración y Finanzas debe entregar un informe al Congreso del estado sobre el avance real hacia el esquema 50/50 del Convenio U-080, mostrando las gestiones que se han eralizado al respecto.
Se debe también, de costear públicamente, antes de cualquier aprobación, el impacto fiscal de los compromisos derivados de las demandas sobre la Ley del ISSSTE y la Ley General del SICAMM.
Por supuesto, para salir de la opacidad, se debe de impulsar un observatorio ciudadano del sistema educativo, con datos abiertos, que dé seguimiento a los indicadores socioeducativos, así como a los recursos financieros, materiales y humanos del sistema educativo estatal, especialmente de cada plaza, bono y recategorización asignados a partir de octubre de 2021, que sirva para generar certidumbre de cara al proceso electoral de 2027.
Sin duda, Michoacán no necesita otra mañanera que confirme lo que ya sabe: que hay becas y que viene obra pública. Necesita que la otra mitad del sistema educativo, la que debe de generar aprendizajes significativos, así como la que maneja recursos, decide plazas y carreras, salgan de las mesas cerradas y entren por fin, a la luz.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
