Por: Salvador Hurtado
La actividad forestal y su aprovechamiento no es perniciosa si se hace de manera sustentable. Hay muchos proyectos en Michoacán desde los cuales se fortalece la producción forestal, por lo cual simultáneamente, se asegura la sustentabilidad y su explotación de forma ordenada y racional. Lo anterior se alcanza con mayor éxito cuando son los mismos habitantes y dueños de las tierras boscosas previa capacitación de los técnicos especialistas en la materia, con ello será más eficiente para que administren y cuiden su propio patrimonio mediante el manejo forestal comunitario. Aunque se han hecho intentos en otros tiempos dando resultados desfavorables, sin embargo, se pudiera intentar bajo un sistema inteligente eficiente que garantice el éxito. Valiera servir de ejemplo la comunidad de Nuevo San juan Parangaricutiro.
En Michoacán, muchos de los bosques están asentados en terrenos ejidales, comunales y pequeñas propiedades que pertenecen a campesinos y a productores en pequeña escala. Desde los dos niveles de gobierno se han promovido disposiciones y programas que supuestamente buscan el crecimiento de la industria forestal, mientras al mismo tiempo se asegura el patrimonio de los campesinos. Sin embargo, en años recientes productores forestales han denunciado persistentemente que las medidas estatales son contraproducentes porque, paradójicamente, desincentivan el manejo sustentable de los bosques, amén de la incapacidad y falta de compromiso de quienes se encargan de manejar, supervisar, autorizar y aplicar el resto de los programas y componentes por viejos vicios , amén de que emplean a personas con un nulo conocimiento en la materia, pues existen titulares de dependencias que no cubren el perfil y son ignorantes he irresponsables y amantes del glamour alejados prácticamente de la actividad.
Se han celebrado innumerables reuniones maquilladas desperdiciando recursos, talleres cursos de capacitación y seminarios dirigidos a técnicos y productores forestales de toda la entidad, siendo las conclusiones, las mismas de hace décadas que explican la disminución de los bosques en algunas regiones y simultáneamente la merma en la producción forestal,
Expertos en la actividad Forestal, estudiantes, Investigadores, medios de comunicación, personas preocupadas por el deterioro ambiental, sumados a elementos decorosos de comunidades y organizaciones forestales de Michoacán, inclusive la organización internacional Greenpeace han puntualizado algunos problemas que debieran confrontar incluyendo a ciertos sectores de la población con la casi paralizada CONAFOR. * “Hay un exceso de trámites burocráticos, los permisos para el aprovechamiento sustentable de los recursos maderables y la entrega de la documentación se tardan demasiado, con esto les están negando el derecho a poder vivir digna y legalmente de sus bosques”, dicen algunos, quienes aseguran que el Estado “está dejando a las colectividades forestales en una situación de vulnerabilidad económica, social y ambiental”.
Cuando la actual administración dio posesión al actual director forestal de la comisión forestal del estado de Michoacán (COFOM) conocido en el sector y con historial no muy a su favor. Al llegar prometió lo necesario para que al momento de prestar sus servicios, el cumplimiento de sus obligaciones esté siempre por encima de sus intereses personales. Entonces, los recursos que le sean asignados serían utilizados exclusivamente para las finalidades oportunas y como en antaño que ocupo un puesto de relevancia forestal, resulto ser un fiasco, La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como funcionarios, se supone que algunas de las obligaciones que les pertenecen son: desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, sujetándose siempre a la dirección de sus jefes y las leyes o reglamentos respectivos; observar y practicar buenas costumbres del servicio público. Nos comentan que, como la PROFEPA, la CONAFOR trasquilados o tratando de trasquilar y sin el menor pudor por cumplir con el trabajo; la secretaria del medio ambiente recursos naturales y pesca (SEMARNAT), también con muchas bajas en el cuadro titular de hace algunos años que les impide cumplir, ¡ha, pero eso sí!, los que salen al campo van con los colmillos y las uñas bien afiladas. A eso súmenle las policías municipales, del estado, guardia nacional, la fiscalía, ejercito etc. Etc.
Julio Santoyo Guerrero escribió hace unos días una importante nota que fue el motivo para rasguear la presente; dicha publicación aparece en el portal de noticias Quadratin (https://www.quadratin.com.mx/opinion/corrupcion-y-medio-ambiente-julio-santoyo-guerrero/); relata a la perfección
que uno de los obstáculos más difíciles de superar en el sector ambiental está relacionado con la corrupción que practican algunos malos servidores públicos. En diversas administraciones estatales, como en la actual, se han hecho esfuerzos para combatir estas prácticas. Sin embargo, ni los recursos ni los medios de supervisión han sido suficientes para desenraizar el millonario negocio de la corrupción a costa del medio ambiente. Mientras que por un lado podemos dar testimonio de acciones firmes y en apego a las leyes para contener el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, los incendios provocados, la contaminación de suelos y mantos freáticos, por otro, seguimos observando prácticas deleznables promovidas por servidores públicos operativos, cuya finalidad es obtener ganancias personales pisoteando la ley y traicionando el espíritu de las instituciones que representan. Al final lo que más queda expuesto ante la sociedad son los actos de corrupción y fincada la percepción de que el estado de derecho es inoperante. La verificación visual de bosques arrasados en el paisaje michoacano obliga a un “yo acuso” a las administraciones que no pudieron o no quisieron aplicar la ley. La corrupción que no es otra cosa, según Transparencia Internacional, que “el abuso del poder público para beneficio privado” ha generado en el sector ambiental todo un sistema que ha dinamizado de manera torcida la cadena productiva relacionada con el bosque.
El sector forestal michoacano, hasta en tanto no se extingan los bosques, es el origen de una riqueza cuantiosa. La industria de la madera, la resina y otros productos no maderables generan anualmente más de mil 121 millones de pesos. 600 millones provenientes de la resina y más de 521 de la madera. De acuerdo con datos de la Conafor casi la mitad de la madera que se consume en el país tiene una procedencia ilegal.
La industria de la corrupción ambiental forestal ?que hasta ahora no se ha medido con indicadores precisos?, genera la hipótesis de que podría tener un valor semejante al reportado por la producción legal, o sea, de otros mil 121 millones de pesos, incluyendo a la resina que también es exprimida por servidores públicos corruptos y por el crimen organizado. Todo indica que el sistema de vigilancia y supervisión que tienen las instituciones ambientales no alcanza para verificar a todos sus agentes operativos y hacerlos que cumplan con las normas éticas que los deben regir. Algunos de estos agentes ven la actividad forestal como botín permanente. Su quehacer corruptor se ha normalizado de tal manera que madereros y resineros asumen que la manera correcta de operar es entregar dinero a estos personajes, aunque ellos, como productores, en su mayoría estén operando dentro de la ley. La vorágine por el botín llega a incluir a todo tipo de corporaciones que buscan las rutas de la producción forestal para extorsionar a cualquiera que se les cruce en el camino.
Estos operativos furtivos, jamás tienen ojos para ver decenas de hectáreas taladas y con cambio de uso de suelo al lado de la brecha por la que transitan. Es probable que sepan, como lo aseguran los pobladores, que ahí los arreglos ya están amarrados. La corrupción ambiental es un acelerante de la tala ilegal y el cambio de uso de suelo. Si el valor de la ilegalidad es del mismo tamaño que el de la legalidad debe asumirse que los corruptores “trabajan” con alta eficiencia con un sistema que les garantiza ingresos fantásticos. Es un sistema que tiene una larga historia de impunidad. La extorsión puede fincarse al raspador que fue localizado en el monte haciendo su trabajo, llenando una barrica, a quien le piden la documentación al instante y como no la trae con él le piden 5 mil pesos, que es mucho más que el precio de la resina recolectada; o la aplican al maderero que lleva la carga en orden, pero el oficial le pide 80 mil pesos para no llevarse el camión y al chofer porque le han dicho que si le revisan es seguro que le van a encontrar algo. Si el extorsionado cede es compensado con la gracia del corruptor quien le ofrece impunidad para talar sin marca unos dos o tres árboles más, para que compense “la multa”. Para frenar la deforestación en el estado es preciso que el gobierno de Michoacán haga una limpia a fondo de estos granujas que enlodan la imagen de las instituciones. El sistema de transparencia y anticorrupción tiene la tarea de proceder. No hay opción, todos estos corruptos deben ser expulsados y sancionados conforme a la ley.
