Michoacán ahora tiene más herramientas para abatir la corrupción, pero se hace necesario avanzar y aplicar medidas complementarias para robustecer el ejercicio de las instituciones públicas para evitar que éstas se desvirtúen, planteó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), Arturo Bucio Ibarra.
Al participar en la Primera Jornada Nacional Anticorrupción, realizada en el estado de Michoacán, durante el conversatorio, “el Papel de los Magistrados en Materia Anticorrupción”, expuso parte del camino necesario para mejorar la aplicación de la justicia administrativa en campos en los que aún hay huecos.
“Primero debemos hacer efectivas todas las medidas que nos permite la ley, la suspensión, la inhabilitación de funcionarios, las sanciones económicas y resarcimientos de los daños, porque, por ejemplo, de nada sirve que el Tribunal aplique sanciones cuando la autoridad ejecutora, en este caso la Secretaría de Finanzas o las Tesorerías en los municipios, no tingan capacidad suficiente para poder realizar procedimientos económicos que lleven a resarcir los daños”.
Resaltó que en el combate de la corrupción se debe velar por la aplicación de nuevas medidas, siempre dentro del marco de la ley, como cuando se debe sancionar a una persona moral, es factible que el Tribunal aplique la sanción y obligue la suspensión de actividades por el tiempo que establece la norma, e incluso dictar la disolución de una sociedad mercantil dando aviso a la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En determinados casos el Tribunal puede obligar a los responsables a que inicien la disolución conforme a la ley de responsabilidades mercantiles o conforme al código civil vigente en Michoacán.
“Pero si la empresa tiene proyectos en ejecución, se debe sopesar qué pasa con sus actividades, con los empleados y con todas las implicaciones que se deriven de esas medidas; son aspectos que la práctica nos irá diciendo en qué términos habrá que regular estas situaciones a partir de normas secundarias o reglamentos, de esta forma podremos robustecer el combate a la corrupción”, expuso ante los invitados de diferentes estados de la república mexicana.
En el mismo tenor, el magistrado de la quinta sala especializada en materia anticorrupción, Sergio Mecino Morales, expuso que con las nuevas atribuciones que tiene el Tribunal la forma de combate efectivo a la corrupción, es que los denunciantes aporten todos los elementos necesarios para hacer efectivos los procedimientos y evitar evasiones a la ley.
“Estamos listos para combatir la corrupción, no ejercemos la función de perseguir a personas o funcionarios, nos pronunciamos sobre la posible corrupción cuando analizamos los elementos de responsabilidad, de esta forma hacemos efectivo el Código de Justicia Administrativa vigente en Michoacán”.
En su turno, el magistrado de la cuarta sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas, Rafael Rosales Coria, rescató que una forma de evitar la corrupción debe ser afrontar la problemática desde el ámbito social.
“El problema de la corrupción se termina cuando existe valor civil, la corrupción es resultado de una conducta humana, pero como tal, se puede prevenir en cada acción que realizamos como individuos; históricamente hemos visto lo que ha ocurrido en este y en otros países al hablar de corrupción, por eso debemos creer que la alternativa educativa es buscar la prevención antes que en la sanción”, explicó.
