Morelia, Michoacán, a 02 de enero de 2020.- Derivado de las tareas de inteligencia realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en el 2019, se logró inmovilizar un total de 147 cuentas bancarias que fueron utilizadas para cometer operaciones ilícitas, dando como resultado la recuperación de 9 millones 12 mil 359 pesos.
Para el Fiscal General, Adrián López Solís, la protección del patrimonio de las y los michoacanos es una prioridad, por lo que, en apego a lo establecido en los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos, la FGE lleva a cabo acciones para que quienes infrinjan en este tipo de conductas tengan la sanción correspondiente y las víctimas obtengan la reparación del daño.
De esta manera, a través de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, la FGE, ha brindado atención inmediata a este tipo de casos, con el objetivo de garantizar la persecución e investigación de los mismos, los cuales son realizados a través de medios electrónicos.
Durante las investigaciones, se detectó que en la mayoría de los casos, las víctimas fueron engañadas a través de sitios de internet en los cuales se ofertaban productos y servicios a bajo costo, principalmente venta de automóviles, paquetes de viajes o membresías exclusivas, donde solicitan el depósito anticipado de determinada cantidad de dinero.
Otros de los casos refieren a cuentas bancarias hackeadas para apoderarse de importantes sumas de dinero, el cual era enviado a otras cuentas que fueron inmovilizadas al momento de ser presentada la denuncia respectiva; posteriormente y una vez agotado el proceso legal correspondiente, se realizó la devolución total del monto económico que fue despojado a las personas.
Cabe destacar que dichas acciones son realizadas en coordinación con diversas instancias como la Comisión Nacional de la Defensa del Usuario de Servicios Financieros (Conducef); Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); empresas de telecomunicaciones, y autoridades jurisdiccionales.
