Morelia, Mich a 15 de noviembre del 2020.- Desde su origen esta figura se creó para excluir a los gobiernos estatales y municipales y prescindir incluso de las propias dependencias del gobierno federal
Hoy más que nunca ha sido evidenciada la naturaleza partidista en la operación de los súperdelegados creados en esta administración federal, tanto que cera de una veintena están siendo investigados por el uso irregular de los programas sociales, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora apuntó que desde su origen esta figura se creó para excluir a los gobiernos estatales y municipales y prescindir incluso de las propias dependencias del gobierno federal, que han visto menoscabadas sus atribuciones para el nombramiento de sus representantes en las entidades federativas en favor de los súperdelegados, para terminar jugando un papel testimonial.
“Vemos que son más de una centena de denuncias, las que se han presentado en territorio nacional por la manera de proceder de quienes ocupan dichos espacios, en donde no sólo el común denominador es el uso con fines partidistas de los programas sociales, sino que incluso hay denuncias promovidas por nepotismo o abuso sexual”.
Recordó que el perfil de los integrantes de toda la estructura es claramente partidista, prácticamente todos los súperdelegados fueron candidatos, o dirigentes partidarios de Morena o alguno de sus aliados.
Los 266 coordinadores regionales en su mayoría ejercieron cargos de coordinadores regionales, enlaces distritales o representantes electorales de MORENA o sus aliados, durante la elección federal de 2018.
“Es clara la protección bajo una lógica de impunidad política que priva en esas figuras ilegales, tanto que hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública no ha resuelto una centena de las denuncias que se han presentado contra súperdelegados en el país”.
Miriam Tinoco refirió que si bien los nombramientos de los súperdelegados llevaron la firma del titular de la Secretaría de Bienestar y su nómina se carga a dicha dependencia, la coordinación de los trabajos y los nombramientos partieron directamente de la Presidencia de la República.
“La estructura sufragada con cuantiosos recursos públicos es sin duda una organización partidaria en campaña y lo peor, tiene carácter gubernamental; es centralizada, dirigida y designada de arriba abajo, con control vertical, y con una lógica de operación en total impunidad”, refirió.