Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2018.- Como parte del compromiso signado para fortalecer los conocimientos de los servidores públicos, así como los principios de ética y cultura de la legalidad para la prevención de delitos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del Instituto de Capacitación y Profesionalización, llevó a cabo la capacitación “Investigación especializada en materia de tortura”.
Dicha jornada de conocimiento dirigida Ministerios Públicos, Peritos y agentes de Investigación y Análisis de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Tortura de esta institución, tuvo como principal objetivo que los asistentes adquieran herramientas que les permitan desarrollarse con apegado a derecho, respetando las garantías de las personas.
Edgar Hugo Rojas Figueroa, director general del Instituto refirió que estas capacitaciones, las cuales son constantes entre los servidores públicos, ayudan a fomentar una conciencia de sensibilidad que les permita comprender y aplicar de manera correcta los protocolos de actuación al momento de brindar atención a una víctima.
Con esto, señaló, se atiende a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio del 2017, la cual menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de esta índole.
En ese sentido, Rojas Figueroa destacó que la realización de estas capacitaciones, coadyuvan a homogeneizar los conocimientos del personal, con el fin de que se avance coordinadamente en alcanzar los estándares establecidos en esta ley.
El funcionario exhortó a los presentes a continuar reforzando su desarrollo profesional y conducirse siempre priorizando valores como la honradez, eficiencia y respeto pleno de derechos humanos.
El curso fue impartido por el especialista, Francisco Enrique Varela Ramírez, docente certificado de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste.
La tortura y el maltrato son actos en los que la ley general establece una penalidad de hasta 20 años de prisión y 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en una de estas conductas previstas por este ordenamiento.
La PGJE refrenda su compromiso de prestar servicio de calidad con personal altamente capacitado, todo en favor de la ciudadanía.
