Morelia, Michoacán, a 09 de marzo de 2022.  Las acciones que el gobierno de Michoacán implementó en contra de las mujeres el 8 de marzo, no solo son reprochables, sino deben ser señaladas con puntualidad, pues incitan a la división y en lugar de tender puentes, los cierra al criminalizar, reprimir, revictimizar y atentar contra la vida de ellas en su derecho de manifestarse, aseveró el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Eligio González Farias.

Luego de que el gobierno de Michoacán ordenara reprimir las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer, a través de lanzar gas lacrimógeno y balas de pintura a cientos de mujeres, así como colocar vallas reforzadas, el dirigente estatal puntualizó que las acciones del gobierno son incongruentes, ya que, por un lado, envía una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para que se incrementen las penas por el delito de feminicidio y,  por otro lado, muestra prioridad por salvaguardar la fachada de  un edificio, en lugar de  privilegiar la vida de las mujeres y su derecho a manifestarse por la violencia que existe en contra de ellas, incluidos los feminicidios.

“La violencia contra las mujeres no puede ser normalizada y rechazamos que cualquiera de sus manifestaciones sea accionada desde el gobierno del estado. Acompañamos y aplaudimos la iniciativa presentada por el gobernador a fin de que los poderes legislativo y judicial actúen en consecuencia; sin embargo, queremos ver acciones contundentes que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia”, señaló González Farias.

Asimismo, recordó que estos hechos se suman a las declaraciones que horas antes emitió el gobernador del estado, en las que compara estas manifestaciones con los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, con lo cual, solo se generan discursos de odio en contra de las mujeres.

Finalmente, urgió a que el gobierno estatal, quien afirma estar del lado de las mujeres, presente una disculpa pública por las declaraciones y los hechos registrados el #8M, además de fincar las responsabilidades correspondientes.