Por: José Cruz Delgado
El mártir de Nahuatzen
Gobierno de Michoacán no abandonó a Nahuatzen
Reprobado el gobierno federal en materia de seguridad
Omiso el gobierno federal ante el problema de Nahuatzen ¿por ser perredista?
Intereses económicos mueven al Concejo Indígena
El IEM y Tribunal Estatal Electoral tomaron determinaciones unilaterales
David Otlica Avilés, alcalde de Nahuatzen, levantado y horas después asesinado, quería lo mejor para su pueblo, no buscaba enfrentar a nadie, quería que la rendición de cuentas de los recursos fueran transparentes quería cambiar las cosas.
Lamentablemente los intereses económicos derivaron en conflictos sociales, pues por una parte el llamado Concejo Ciudadano fue el factor fundamental para la división entra la gente de ese municipio enclavado en la Meseta Purépecha, pues lucha fue por el dinero, no por el bienestar social, su forma de lucha era y sigue siendo violenta y habiendo desconocido a David Otlica Avilés como presidente municipal, el Concejo Ciudadano le había advertido que no lo dejarían gobernar y sería expulsado de aquellas comunidades donde existían Concejos, a tal grado que tuvo que despachar en San Isidro, de donde era originario.
Hay que recordar que el Instituto Electoral de Michoacán realizó una consulta ciudadana en agosto pasado para que la población decidiera si quería regirse por medio de elecciones de partidos políticos o por medio de un concejo ciudadano y la respuesta fue aplastante, pues la mayoría optó por los partidos políticos para que de esa manera fueran desterrado el Concejo Ciudadano a quien acusan, hasta ahora de cometer graves abusos contra su propia gente.
Pero el 31 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reconoció a David Otlica Avilés como alcalde, ante el descontento de los integrantes del Concejo que mantenían tomado el edificio del ayuntamiento de Nahuatzen.
La inconformidad del Concejo Ciudadano de Nahuatzen era porque no se le entregaban los recursos, pues al parecer no rendía cuentas por lo que ya no le dieron más dinero para este año.
De hecho, David Otlica Avilés era reconocido como alcalde por la mayoría de los habitantes de Nahuatzen, pero la ambición de unos cuantos pudo más que la mayoría que terminó en tragedia.
Otlica Avilés, de origen perredista es considerado ya como el Mártir de nahuatzen.
Él mismo había denunciado la falta de transparencia y rendición de cuentas de los concejos comunales de Nahuatzen, Comachuén y Arantepacua, que no comprobaron el gasto de 15 millones de pesos que les fueron otorgados en 2018, por lo que se determinó no entregarles más dinero público,
En conferencia de prensa, entonces alcalde perredista recordó que en 2018 se entregó 30 millones de pesos a los consejos ya citados (los que ganaron su autonomía financiera ante los tribunales y ahora se rigen por un sistema de (Usos y Costumbres), sin embargo, solamente comprobaron un 50 por ciento de los recursos empleados, situación se planteó ante “la asamblea general del municipio” y ahí se determinó no entregarles más dinero hasta no solventar las observaciones.
En días pasados, representantes de los concejos de Sevina, Comachuén y Nahuatzen solicitaron un juicio político contra el alcalde Otlica Avilés, argumentando que el perredista les retuvo 60 millones de pesos para el actual ejercicio presupuestal.
Al respecto, Otlica aclaró: “Los concejos de Nahuatzen han intentado engañar a la opinión pública diciendo que no se les quiere entregar el recurso, y no se les entregan porque están depositadas en garantía; así se acordó con las autoridades fiscalizadoras con las que tienen pendientes”.
El alcalde sentenció que sin la comprobación del gasto no se podrá entregar más recurso público a los concejos comunales. En 2019 a Comachuén se le deben entregar 17 millones, a Arantepacua 10 millones y a la cabecera municipal de Nahuatzen 37 millones de pesos.
“La Presidencia Municipal no pagará los platos rotos. En el Concejo quieren comprobar que para la limpieza de un canal de aguas pluviales se gastaron un millón de pesos, cuando lo hicieron con palas y carretillas. También recibieron recursos etiquetados específicamente para obras públicas, y el concejo de Nahuatzen lo quiere justificar con pagos de nóminas”, detalló el edil.
De ahí entonces la inconformidad de los Concejos Ciudadanos o indígenas.
Pues bien, de acuerdo con información, el conflicto en ese municipio tuvo su origen por la disputa del presupuesto a las comunidades desde el 2015 con la conformación de los llamados concejos indígenas en las comunidades.
Se comenta que el ex alcalde Miguel Prado, fue quien promovió que los recursos del ayuntamiento se destinaran a las comunidades de manera vertical, sin transparencia ni rendición de cuentas y ni siquiera él pudo despachar desde la presidencia a raíz de la conformación del Concejo Ciudadano que le impidieron cumplir con su labor.
El gobierno de Michoacán no fue omiso ante la problemática, pues en diciembre de 2016, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo inauguró diversas obras en materia de salud, educación y vialidades en Nahuatzen, con una inversión superior a los 35 millones de pesos, como parte de los compromisos que estableció hace unos con los integrantes del Concejo Ciudadano, en beneficio del desarrollo integral de los habitantes de esta comunidad indígena.
Todas estas acciones eran parte del Plan de Desarrollo Integral de Nahuatzen que acordaron con el Concejo Ciudadano, por lo que resaltó que con voluntad y la participación ciudadana, avanzarán en el respeto y reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, al ser una prioridad para su gobierno.
Mientras que el vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Efraín Avilés, agradecía al gobernador el apoyo sin precedentes a esse municipio de la Meseta Purépecha.
Pero cada vez pedían más, al igual que los de la CNTE eran un barril sin fondo, no tenían llenadera y lo peor de todo que el Concejo Ciudadano quería manejar los recursos del ayuntamiento.
Así, pues, tanto el Instituto Electoral de Michoacán como el Tribunal Electoral, tomaron determinaciones unilaterales en cuanto a la asignación de recursos, sin tomar en cuenta la conflictividad social en la región, lo que tensó la relación y hasta provocó enfrentamientos entre la propia población.
Derivado de acciones en las que incurrían los inconformes como incendio de vehículos, destrucción de una carretera y otras acciones violentas, fueron detenidos dos integrantes del Concejo por parte de la hoy Fiscalía General de Justicia quienes están recluidos en Uruapan.
Los sucesos en Nahuatzen han tenido una atención permanente de las autoridades estatales, incluso, el 1 de julio del 2018 se pudieron realizar los comicios en algunas localidades del municipio con apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Cabe destacar que el gobierno federal no se ha sumado a las mesas donde se han buscado acuerdos entre la población de la localidad, y es claro el por qué, pues el ayuntamiento es perredista y ya sabe que los morenistas no quieren al PRD.
En lo que va de la administración del Emperador Andrés I, se han registrado cuatro asesinatos de alcaldes, el homicidio de David Otlica Avilés se da en un contexto nacional donde el primer trimestre de 2019 ha sido el más violento desde 1997.
México reportó 8 mil 493 asesinatos en el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 1997, cuando se comenzó a realizar este registro.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizadas el pasado sábado, en enero se registraron 2 mil 855 homicidios dolosos, en febrero 2 mil 802 y en marzo 2 mil 836, lo que en total representa un aumento del 9,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.
El promedio de asesinatos diarios fue de 93.
En el último trimestre del año pasado, último de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se registraron 6 mil 599 archivos de investigación por homicidio doloso.
O sea que los tres primeros meses del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento y sangriento, lo que indica que es un gobierno fallido en materia de seguridad.
