Por Gregorio Ortega Molina
LA COSTUMBRE DEL PODER: 43: de la verdad histórica al crimen de Estado
*El auténtico crimen de Estado sucede ahora. Sus perpetradores están incrustados en el Poder Ejecutivo. No puede entenderse de otra manera la desestructuración de instituciones clave, así como la perversión del andamiaje constitucional, mientras el presidente de la SCJN sueña con ser la corcholata escondida.
Si es difícil tragar el cuento de la verdad histórica, la rueda de molino del crimen de Estado lastra la historia de la vida pública de México, y convierte en indigno a quien la concibió y difunde. Alejandro Encinas perdió la oportunidad de guardar silencio.
Señalan las notas periodísticas: “En su informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó, de manera preliminar, que la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos fue producto de un crimen de Estado en el que concurrieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales”.
¿Tiene, el subsecretario de Gobernación Encinas, idea clara de cómo se conforma y comprueba un crimen de Estado, o nada más es un muñeco de ventrílocuo?
En primer lugar, es desproporcionado considerar que la ejecución y posterior incineración de 43 estudiantes ocurrió para beneficio del Estado. Que se protegió a los perpetradores. Si así fue, se sabe quienes fueron y donde están; que tienen detenidos a los ejecutores, ¿están seguros de tener en la cárcel a los verdaderos asesinos?
Ahora nos salen que tenían a un soldado infiltrado. Es natural, hay una sección de inteligencia en las Fuerzas Armadas; que sea o no constitucional su trabajo, dista mucho de convertir al Ejército en el perpetrador y ejecutor de ese hecho. Asegurar, sin más, que se tienen los pelos de la burra en la mano, es un sinsentido, ya nos enteramos, con la desclasificación del expediente de la muerte de “Kiki” Camarena, de cual es esa verdad histórica.
En cuanto a lo de crimen de Estado. ¡Vamos!, seamos sensatos, y demos respuesta a preguntas elementales: ¿quiénes, dentro del aparato gubernamental, y en sus tres niveles, se beneficiaron de la muerte de 43 muchachos? ¿Fue necesario que el Ejército participara o, al menos, se hiciese de la vista gorda? ¿Quiénes y por qué decidieron incinerarlos? ¿Fue necesario que desaparecieran? ¿Se benefició al Estado?
El auténtico crimen de Estado sucede ahora. Sus perpetradores están incrustados en el Poder Ejecutivo. No puede entenderse de otra manera la desestructuración de instituciones clave, así como la perversión del andamiaje constitucional, mientras el presidente de la SCJN sueña con ser la corcholata escondida.
