Gregorio Ortega Molina
26 de abril de 2021 –
*Si algún(@)o de los hijos del general secretario Luis Cresencio Sandoval hubiese sido “ejecutado” por error de un soldado guatemalteco en la frontera con México, el equivalente a un millón de pesos de indemnización ¿lo dejaría menos enmuinado y resabioso?
*Nos resultó socarrón el ministro presidente de la SCJN, da una respuesta ambigua, responsabiliza a sus pares, pero en realidad espera el resultado electoral para decidir su destino. ¿Grande o tan pequeño como lo mantiene su subordinación? Y enjundioso se escuda: la división de poderes no se defiende a tuitasos. Señor ministro, ¿qué con la obediencia ciega al mandato constitucional?
¿Puede tasarse una vida humana? ¿Miden los padres lo que les cuesta amar a sus hijas e hijos? ¿Los nietos ponen precio al amor de los abuelos? ¿Cómo valuar el amor entre hermanos? ¿Y las penas motivadas por las enfermedades de los seres queridos?
Imposible tasar una vida. Desconozco en qué basan su criterio los actuarios de las aseguradoras para determinar el precio a pagar por fallecimientos en accidentes. ¿Y los errores humanos en los hospitales? Sin embargo, lo que más me desconcierta es la manera de conducirse de las autoridades civiles y militares cuando de “tranquilizar” a la opinión pública se trata, pero, sobre todo, apaciguar la furia e irritación de los familiares de las víctimas “ejecutadas” por equivocación.
Ahí está la información. De alguna manera se determinó que la vida segada de Elvin Mazariegos vale un millón de pesos. Ese gasto debió autorizarse por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, para indemnizar a los familiares de ese infortunado guatemalteco, victimado por un elemento del Ejército mexicano.
La decisión tomada me resulta por demás inquietante. ¿Cuál es el valor de la vida en la frontera sur? ¿Dónde queda la impunidad, pues se establece una indemnización, pero en ningún momento se hace pública la suerte de ese elemento militar, ni su grado? Quizá sus superiores se dicen: total, se trata de un guatemalteco, de la misma manera que los vigilantes gringos se refieren a los frijoleros, cuando de decidir el trato a los mexicanos se requiere.
Creo que vale la pena hacer el ejercicio de reflexión a la inversa. Si algún(@)o de los hijos del general secretario Luis Cresencio Sandoval hubiese sido “ejecutado” por error de un soldado guatemalteco en la frontera con México, el equivalente a un millón de pesos de indemnización ¿lo dejaría menos enmuinado y resabioso? ¿El valor de la vida del familiar del general secretario ¿es diferente al de un guatemalteco, anónimo hasta que lo ultimó una bala del Ejército mexicano?
Por más que le demos vueltas al tema, imposible encontrar una respuesta que satisfaga ética y moralmente a ninguna de las partes. Resulta que José Alfredo Jiménez tiene razón, y es verdad que la vida no vale nada. No es un caso particular de lo que ocurre en México, salvo el modito de resolver las cosas.
Cuando subalternos de las autoridades civiles o militares de otras naciones cometen esos errores, de inmediato son separados de sus cargos y sometidos a juicio. El único lugar donde entra el tema de las indemnizaciones es Estados Unidos, sobre todo cuando de evitar escándalos políticos se trata. Enjuiciar a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, equivalió a someter a juicio al racismo que allá es cada día más atroz. Y quisieron evitarlo con indemnización de la ciudad de Minneapolis por la cantidad de 27 millones de dólares a la familia del asesinado por abuso de la fuerza.
¡Ay José Alfredo, cuánta razón te asiste!
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La respuesta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a su llamado histórico resultó un flato. Nos salió socarrón, vierte la responsabilidad de la irresponsable actitud de los otros dos poderes, sobre los ministros que comparten su mandato constitucional.
Esa parece su actitud, pero no es así, nos resultó socarrona su manera de actuar en política, y da largas al asunto, pues su verdadero propósito es esperar el resultado del 6 de junio, para determinar si alegre permite que lo unzan a los resultados de ese totalitarismo que se nos viene encima, y lo hará con una sonrisa que ni la toga disimulará.
Y enjundioso se escuda: “la división de poderes no se defiende a tuitasos”. Señor ministro, ¿qué con la obediencia ciega al mandato constitucional?
EU astece 70% de las importaciones mexicanas. Nuestro país representó el año pasado el tercer mercado para los productores alimentarios estadounidenses, solo superado por Canadá y China; en algunos productos específicos como maíz, lácteos y carne de ave, México es el mayor mercado para estos empresarios. Crecen 30% ventas de alimentos de EU a México en una década Estados Unidos domina la proveeduría externa de agroalimentos a México, con cerca de 70% de participación de mercado, destacó un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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