Erik Avilés Martínez
Desde 1995 a la fecha, las autoridades, año tras año, incurren en entablar acuerdos con la CNTE. Sin embargo, ningún acuerdo laboral, por generoso que sea en bonos, atiende la causa que explica por qué Michoacán llega cada año a la misma mesa de negociación. Un ciclo escolar en donde los representantes gremiales y las autoridades educativas acuerdan acciones comunes sin atender las causas originarias del rezago educativo, definitivamente está incompleto.
Empecemos por quienes menos voz tienen en cualquier mesa de negociación: los estudiantes de las escuelas comunitarias e indígenas dispersas en la Meseta Purépecha, la Costa y la Sierra. Michoacán sostiene mil noventa y cuatro escuelas de modalidad indígena que atienden a cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres alumnos, y mil doscientas ochenta y tres escuelas comunitarias que atienden a catorce mil seiscientos veinte alumnos, con un promedio de apenas siete alumnos por plantel en el preescolar comunitario. Ese dato es la fotografía de un sistema que atiende a la niñez más dispersa del estado con la infraestructura más pobre.
Solamente una de cada tres de las escuelas primarias, secundarias y planteles de media superior de Michoacán cuenta con servicios básicos y conectividad completas. La brecha digital es todavía más severa: solo el dieciocho punto siete por ciento tiene acceso a internet educativo, y el ochenta y ocho punto cinco por ciento carece de infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad, cifra que coloca a Michoacán entre los ocho estados con mayor rezago nacional en ese rubro. Quien nace en una localidad sin clínica, sin conectividad y sin transporte no elige quedarse atrás: el sistema decide por él antes de que aprenda a leer.
En el centro de esa misma problemática está el magisterio, ochenta y dos mil ciento treinta y siete docentes de los cuales cincuenta y seis punto dos por ciento son mujeres. Esa proporción agregada esconde una feminización decreciente conforme sube el nivel educativo, del ochenta punto siete por ciento en inicial público al cuarenta y uno punto cuatro por ciento en superior, y un techo de cristal directivo que la propia estadística documenta sin adjetivos: en primaria pública las mujeres son el cincuenta y tres punto cuatro por ciento del profesorado pero apenas el treinta y uno punto siete por ciento de las direcciones, con mil doscientas setenta y ocho mujeres frente a dos mil setecientos cuarenta y siete hombres al frente de los planteles. A esa desigualdad estructural se suma la precariedad administrativa que la minuta sí reconoce, aunque sin resolverla de fondo: personal en funciones directivas sin la clave correspondiente, órdenes de adscripción ilimitadas, recategorizaciones pendientes, y veintidós bonos extrasalariales históricos, con un costo conjunto de mil cuatrocientos treinta y siete millones de pesos anuales, que cada ejercicio fiscal compiten por el mismo presupuesto que debería destinarse a infraestructura y conectividad.
Ese magisterio, además, enseña bajo amenaza: se han documentado amenazas directas contra el profesorado en al menos veinte municipios del estado, y el veinticuatro de marzo de este año dos maestras fueron asesinadas dentro de la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, con un arma de uso exclusivo del Ejército, por un estudiante del propio plantel.
La causa financiera de todo esto tiene nombre y cifra. El presupuesto de egresos del estado para 2026 asciende a ciento siete mil ochocientos ochenta y cuatro millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Educación recibe treinta y tres mil setecientos noventa y seis millones. El Convenio U-080, mecanismo de coparticipación federal para el pago de la nómina educativa, cubre este año una aportación federal de cuatro mil quinientos ochenta millones de pesos, equivalente a solo el treinta y cinco por ciento de la carga financiera total, mientras que el sesenta y cinco por ciento restante recae directamente sobre las finanzas estatales. Michoacán arrastra, desde hace más de una década, la promesa incumplida de una federalización total de la nómina educativa que resolvería de raíz esta dependencia estructural, mientras que los ingresos de origen federal representan el noventa punto cuarenta y seis por ciento de los recursos totales del estado.
Cada peso de bono negociado en una mesa técnica es un peso que no se convierte en aula, en conectividad o en transporte escolar, y quien paga esa factura no es la autoridad que firma, sino el alumno que no tiene sanitario, el docente que enseña sin clave regularizada y el estado entero que sigue sin una arquitectura financiera estable.
A ese circuito se suman dos fenómenos que la minuta ignora por completo. El primero es la violencia. El promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán descendió cuarenta y seis por ciento entre enero de 2025 y junio de 2026, pero esa mejora agregada convive con un impacto desproporcionado sobre la niñez: ciento veinte menores asesinados durante el ciclo escolar 2024-2025, según el conteo que realizamos, nuestro estado es la segunda entidad más mortífera del país para este sector. Planteles cerrados por riesgo, ataques con drones, minas antipersonales en caminos escolares, acoso entre pares y retos virales de simulacro de tiroteo en al menos doce escuelas de Morelia, Lázaro Cárdenas y Tarímbaro retratan un miedo que se ha normalizado dentro del aula. No es casualidad que los varones adolescentes abandonen la escuela justo en la edad de mayor riesgo de reclutamiento criminal, pasando de ser mayoría en primaria a representar apenas cuarenta y cinco punto seis por ciento de la matrícula pública de bachillerato.
El segundo fenómeno es la pobreza. Michoacán registra una tasa de pobreza multidimensional de treinta y cuatro punto tres por ciento, un millón seiscientas noventa y cuatro mil cien personas, y una pobreza extrema de cinco punto cuatro por ciento que, a contracorriente de la tendencia nacional, aumentó entre 2022 y 2024. El estado ocupa el tercer lugar nacional en carencia por acceso a servicios de salud y el quinto lugar en rezago educativo. El impacto sobre la niñez es todavía más agudo: cuarenta y dos punto siete por ciento de las niñas, niños y adolescentes michoacanos vive en situación de pobreza y seis punto seis por ciento en pobreza extrema. Las familias que habitan las localidades donde sobreviven las escuelas comunitarias e indígenas son, sistemáticamente, las mismas familias que reportan mayores carencias de salud, seguridad social y vivienda. El rezago educativo, la pobreza y la violencia no son fenómenos paralelos: son un mismo circuito que se retroalimenta sobre las mismas familias y en las mismas regiones, ciclo tras ciclo escolar.
Frente a este diagnóstico, diez propuestas concretas, con actores identificados, resultan indispensables.
Primera. Que la Secretaría de Educación Pública federal y la Secretaría de Educación en el Estado incorporen, en las mesas técnicas del 30 de julio, metas verificables de cobertura de servicios básicos con fechas y montos etiquetados, no solo compromisos genéricos de gestión.
Segunda. Que el Congreso de la Unión retome la discusión legislativa pendiente sobre la federalización total de la nómina educativa, con un calendario de transición que elimine la dependencia michoacana del 65 por ciento estatal en el pago de la planilla docente.
Tercera. Que el gobierno del estado y la Secretaría de Educación estatal auditen y prioricen el gasto en los veintidós bonos extrasalariales, sustituyendo compensaciones dispersas por un esquema salarial único que libere presupuesto para infraestructura y conectividad escolar.
Cuarta. Que realicen y ejecuten un plan focalizado de conectividad para las mil doscientas ochenta y tres escuelas comunitarias y las mil noventa y cuatro escuelas indígenas, priorizando electricidad y acceso a internet antes que equipamiento adicional.
Quinta. Que la Secretaría de Salud federal y estatal aceleren la construcción hospitalaria ya comprometida en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con reportes trimestrales públicos de avance físico y financiero, no solo anuncios de arranque de obra.
Sexta. Que la Secretaría de Educación estatal, en coordinación con universidades públicas como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diseñe un programa de formación directiva con perspectiva de género que corrija el techo de cristal documentado en primaria y secundaria públicas.
Séptima. Que el Gabinete de Seguridad estatal y municipal establezca protocolos de protección específica para el profesorado en los veinte municipios donde se han documentado amenazas, con mecanismos de denuncia y acompañamiento psicológico inmediato.
Octava. Que los ayuntamientos y la Secretaría de Educación estatal desarrollen programas de retención escolar masculina en el tránsito de secundaria a media superior, articulados con estrategias municipales de prevención del reclutamiento criminal.
Novena. Que se generen las mejores condiciones posibles para que, la sociedad civil organizada mantenga la vigilancia pública y la generación de indicadores independientes que crucen dispersión geográfica, pobreza multidimensional y violencia contra la niñez, para que ninguna negociación laboral vuelva a discutirse sin ese diagnóstico integral sobre la mesa.
Décima. Que las instancias federales de desarrollo social prioricen a Michoacán en los programas de atención a la pobreza infantil, dado que el estado concentra una población de niñas, niños y adolescentes en pobreza superior al promedio nacional.
Ninguno de estos diez puntos aparece en la minuta firmada el 24 de junio. Y sin embargo, son ellos, y no únicamente el calendario de bonos y regularizaciones, los que explican por qué Michoacán negocia cada año las mismas demandas. Michoacán no necesita otra minuta que se repita el próximo año. Necesita un diagnóstico compartido que se convierta, por fin, en política pública.
Llamamos a que las mesas técnicas programadas para el 30 de julio, así como las mesas de trabajo del ISSSTE y de plazas estatales previstas para el 1 y el 22 de julio, incorporen de manera explícita estas metas verificables. Llamamos a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación en el Estado, a la Sección XVIII de la CNTE, al Congreso local y federal, a los ayuntamientos, a las universidades públicas y a la sociedad civil organizada a mirar juntos, y de una vez, las causas del rezago y no solamente sus síntomas administrativos. Michoacán no necesita otra minuta que se repita el próximo año, con los mismos doce puntos y las mismas fotografías del acuerdo. Necesita un diagnóstico compartido, sostenido en el tiempo y verificable por cualquier ciudadano, que se convierta, por fin, en política pública y no en un ritual administrativo que se renueva cada ciclo escolar sin tocar sus causas.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
