Morelia, Michoacán, a 8 de junio de 2023.-* Con el objetivo de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio, la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para que aquellos infantes que queden huérfanos, por este tipo de delitos, puedan ser atendidos por el gobierno del estado.
Al tomar la palabra durante la sesión de este día, la legisladora explicó que muchas de las veces el progenitor de las niñas, niños y adolescentes son los que cometen el delito de feminicidio, dejando sin madre a las y los pequeños, lo que les coloca en un estado de indefensión y sin una adecuada atención, al amparo de familiares que en ocasiones no cuentan con recursos monetarios para sostenerlos, además entre las consecuencias pueden presentar problemas sociales, psicológicos, emocionales y económicos durante su vida.
Lupita Díaz, dio a conocer que en la actualidad las instituciones mexicanas solo reconocen a poco más de 200 niñas y niños desabrigados por sus padres, ya que son agraviados indirectamente por el delito de feminicidio y son atendidos por el Estado mexicano de los cuales 96 pertenecen a Michoacán. Sin embargo, añadió que datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), cuentan con un registro de tres mil niñas y niños en situación de orfandad por este delito, por eso la importancia que se atienda esta problemática.
En este sentido, Díaz Chagolla afirmó que la iniciativa que presenta tiene como principal objetivo el crear un registro estatal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de orfandad a causa de un feminicidio, además de conformar un programa de carácter social, en donde las y los afectados por este delito reciban atención transversal por parte del gobierno estado al ser víctimas indirectas.
Añadió que con este tipo de acciones el gobierno estatal deberá garantizarles a las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio, la protección, su educación, tratamiento psicológico y lo que requieran para su adecuado desarrollo hasta cumplir la mayoría de edad.
