Ciudad de México, 23 de marzo de 2018.- Los tiempos convulsos en materia de seguridad que se viven en el país y específicamente en nuestro estado Michoacán, la crisis grave en esta materia, la necesidad urgente de seguridad y justicia y los acontecimientos más recientes en Michoacán, nos obligan a actuar responsablemente en nuestras declaraciones y sobre todo si tenemos una responsabilidad pública. Debemos de ser críticos ante la crisis y deterioro institucional en materia de seguridad ser proactivos, propositivos y en conjunto sociedad y gobierno, buscar las soluciones adecuadas.

Ante las desafortunadas declaraciones de los voceros del gobierno del Estado de Michoacán incrustados en las dirigencias de partidos políticos, sólo se puede responder con datos oficiales y concretos, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de los datos que la propia Fiscalía del Gobierno del Estado de Michoacán proporciona.

Desde que tomó protesta el gobernador, C. Silvano Aureoles Conejo hasta el 31 de diciembre de 2017[1], tenemos que el homicidio doloso pasó de 777 en 2015 a 1, 277 en 2017, es decir, en dos años la tasa de personas que fueron asesinadas dolosamente por cada cien mil habitantes subió de casi 17 personas a 27, es decir, un 65% de incremento.

Sabemos que la violencia se mide a partir de cuántas personas sufren homicidio doloso por cada 100 000 habitantes, la media mundial es de 8 a 10 personas, en Michoacán, según los datos oficiales, superamos en casi tres veces esa medición, estaríamos hablando de alrededor de 64 personas asesinadas en Michoacán por mes.

En el caso de robo con violencia de vehículos, de 2015 a 2017 subió de 1, 354 (29. 47 por cada 100 mil habitantes) a 2 265 (48. 62), es decir, aumentó en casi la mitad el robo con violencia por cada cien mil habitantes.

Esto se confirma con el dato del Índice Global de Impunidad 2018[2] en México, en donde Michoacán se encuentra entre los estados con mayor impunidad en homicidios. En términos generales, en Michoacán la impunidad se considera atípica con altos índices.

La percepción social sobre la inseguridad pública en Michoacán no es, como dicen los personeros del gobernador, “montaje de delincuentes”, sino datos a los que sí hay que creerles obtenidos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana[3] levantada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) en la que se reporta que Uruapan (89.5), Lázaro Cárdenas (78.1) y Morelia(77.1) son de las ciudades del país en las que las y los ciudadanos se sienten inseguros por encima de la media nacional. En Uruapan, casi 90% de las personas encuestadas, se sintieron inseguras.

Invitamos al gobernador Aureoles y a los funcionarios de su gobierno que cumplan con lo que se comprometió ante los ciudadanos en su toma de protesta como gobernador “Ratifico mi compromiso de lograr que Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas sean municipios seguros en 1 año; y en un plazo NO mayor a 3 años, un estado con la seguridad que demanda la sociedad michoacana”.

La peor política pública es no tener política alguna y, peor aún, no asumir la responsabilidad política de construir una propuesta integral y coherente para recuperar la seguridad de las y los michoacanos desde las instancias civiles responsables constitucionalmente de la seguridad pública.

Al contrario, la reciente llegada de mil 200 elementos más de las Fuerzas Armadas a nuestro estado demuestra que no hay ninguna política mínimamente exitosa del gobierno michoacano para restaurar condiciones de protección a la dignidad, a la integridad física, a la libertad y a la vida de las personas.

El gobierno del estado de Michoacán ha optado por mantener la errada y fracasada política de seguridad, utilizando a quienes no tienen capacitación ni profesionalización ni certificación en materia de seguridad, se improvisa y cuando no funciona, se aumenta la militarización del estado, no en balde fue de los gobernadores que apoyaron regularizar el paradigma militarizante de la seguridad pública con lo que dio muestra de su incapacidad de atender su responsabilidad constitucional de proveer seguridad.

Es evidente la ingobernabilidad que generan las acciones de toma de carreteras, quema de vehículos, acciones por el control territorial que sumen a Michoacán en el miedo y la inseguridad, por lo que el gobierno estatal debiera reconocerlo para empezar a resolverlo. La inversión privada que genera desarrollo, busca siempre condiciones propicias y certidumbre para las inversiones, factores que desgraciadamente, no se han generado en Michoacán, y desafortunadamente no se ve mejoría a corto plazo que nos permita generar las condiciones para aprovechar los recursos magníficos con los que contamos en Michoacán, ¿cómo podemos ofrecer una zona económica especial, si no somos capaces de brindar las condiciones mínimas de seguridad?, ¿Cómo podemos ofertar el magnífico puerto de Lázaro Cárdenas, nuestros maravillosos productos del campo y que nos visiten los turistas, si no podemos pasar un día en nuestro estado sin una toma de vialidades, autos incendiados, asaltos al tren, asesinatos y demás delitos que acontecen día a día?. La gente de nuestro estado necesita empleo, necesita educación, pero sobre todo seguridad.

Combatir a las bandas delincuenciales requiere de una re definición de la estrategia y la construcción de una política pública que empiece por reconocer el problema y el creciente fenómeno de macrocriminalidad, es decir, la convivencia y complicidad, incluso orgánicas, entre integrantes de la clase política con los grupos y grupúsculos criminales, reconocer que la violencia criminal y la violencia institucional para combatirla sólo han creado una espiral de violencia epidémica en la que se encuentra sumido Michoacán.

La sociedad Michoacana, gente noble y trabajadora exige que se cumpla con lo que prometió al asumir su cargo “Como gobernador ES MI OBLIGACIÓN Y MI CONVICCIÓN DEVOLVER LA TRANQUILIDAD Y LA PAZ A LAS MILLONES DE MUJERES Y HOMBRES QUE HABITAN ESTA PRODIGIOSA TIERRA, Y HARÉ LO QUE SEA NECESARIO PARA LOGRARLO”. Parecen lejanas estas palabras, que se pierden en el tiempo y entre la violencia desmedida, el olor a pólvora y los gritos desesperados de ayuda de las víctimas.

Se requiere un programa de seguridad que contenga políticas de prevención social del delito, de combate a la impunidad y a la corrupción, a través de ejercicios de rendición de cuentas y de controles ciudadanos de la gestión de las policías y de las instancias de seguridad y, sobre todo, que el gobierno local reconozca la crisis institucional y de ejercicio de derechos que vive Michoacán.

Yo, como michoacana y calentana, asumo con responsabilidad la crítica que hago y manifiesto mi disposición a trabajar por la recuperación de la seguridad y la paz en el estado de Michoacán y también invito respetuosamente a los actores públicos de Michoacán que asuman su compromiso moral e histórico ante esta crisis y en un esfuerzo conjunto hagamos de Michoacán un mejor lugar para vivir.