Morelia Michoacán a 31 de marzo de 2019.- Con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, Michoacán se coloca como la entidad del país que contará con mayor tiempo para implementar el plan anual de fiscalización, al avanzar de manera decidida en alinear la norma a los postulados constitucionales con autonomía técnica y de gestión, afirmó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Con este instrumento jurídico vigente, resaltó que se mejoraron aspectos técnicos del proceso de elaboración de informes individuales, ya que se estableció el esquema institucional y de suplencias a partir de la ley, al otorgar la facultad al Auditor Superior de nombrar a los responsables de investigación y substanciación.
Con lo anterior, Miriam Tinoco resaltó que se logra la armonía y fortalece la reforma constitucional de anticorrupción, al otorgarse el presupuesto y proponer su plan anual de fiscalización y su reglamento interior, lo cual son fortalezas innegables.
No obstante, hizo mención que si bien, la ley establece un ideal normativo, sin precedente al menos desde la Ley 2011, la cual fue la última que contó con reglamento interior, y también representa una declaración política de intención de esta Legislatura.
“Por otro lado es cierto que sus postulados no serán posibles sí continuamos con una mano pidiendo autonomía y con otra imponiendo servidores públicos, por un lado demandando cero tolerancia a la corrupción, pero por la otra volteamos la cara respecto de los conflictos de interés”.
En ese contexto añadió que sí se exigen resultados, debe también abonarse a generarse las condiciones laborales de los auditores de campo, y recordó que Michoacán ocupa el lugar 26 en el país, en el que menos paga a sus auditores y servidores públicos de confianza en materia de fiscalización.
Miriam Tinoco dijo que “la fiscalización profesional, no será posible sin autonomía, sólo en dos o tres estados se continúa dependiendo del Congreso Local y no la autonomía de las UPP, o la autonomía de las ministraciones en tiempo, sino aquella autonomía en donde las facultades revisoras de la cuenta pública ya no sean de este Poder”.
Con esta norma jurídica resaltó que se fortaleció el modelo legal e institucional y se alcanzan mejores grados de autonomía técnica y de gestión, la cuál era dudosa de por sí, pero la verdadera respuesta es la reforma constitucional y la creación de un organismo constitucional autónomo.
Finalmente expresó “con esta Ley hay una mejora legal evidente, pero para entender la necesidad de un diseño distinto, debemos entender que la corrupción degrada y empobrece a los países y además la actividad política en un evidente proceso de crisis de credibilidad e incluso de sostenibilidad, apostar a las prácticas autónomas, a la meritocracia del servidos público de auditoría, al modelo que implique la rendición de cuentas de aquellos obligados a pedirlas, si bien es cierto el avance, pero es necesario que sigamos trabajando para lograr un modelo verdaderamente autónomo sigue intacta”.
